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Tres de cada diez personas privadas de libertad en las cárceles de Salta están detenidas por delitos contra la integridad sexual. El dato surge del informe elaborado por el Servicio Penitenciario de Salta, que fue conocido hace unas semanas y que permite observar en detalle la composición de la población penal provincial.
Según el relevamiento, 1.156 internos están alojados por delitos contra la integridad sexual, una cifra que representa el 30,85% del total de la población penal analizada. Es decir, prácticamente uno de cada tres presos en la provincia cumple una condena o atraviesa un proceso judicial vinculado a este tipo de delitos.
En segundo lugar aparecen los delitos contra la propiedad, con 994 personas privadas de libertad, que representan el 26,53% del total. En tercer lugar se ubican los denominados otros delitos contra las personas, con 901 internos, equivalentes al 24,05%.
El cuarto grupo más numeroso corresponde a los delitos vinculados a la Ley 23.737 de estupefacientes, con 419 personas alojadas, un 11,18% del total.
Más atrás aparecen los delitos contra la libertad, con 151 internos (4,03%); medidas de seguridad, con 46 personas (1,23%); desobediencia judicial, con 44 casos (1,17%); delitos contra la administración pública, con 19 internos (0,51%); portación ilegítima de arma, con 15 casos (0,40%) y otros delitos, con 2 personas (0,06%).
Las cárceles salteñas alojan 870 personas más que las plazas disponibles
El mismo informe expone otro de los principales desafíos del sistema penitenciario provincial: la diferencia entre la capacidad instalada y la cantidad de personas alojadas.
Actualmente, el Servicio Penitenciario de Salta cuenta con una capacidad declarada de 2.895 plazas, mientras que la cantidad de personas alojadas asciende a 3.765 internos.
La diferencia es de 870 personas por encima de la capacidad disponible.
En términos porcentuales, el sistema funciona con una ocupación cercana al 130%, lo que significa que por cada 100 lugares existentes hay aproximadamente 130 personas alojadas.
A esta presión se suma otro dato: unas 517 personas permanecen alojadas en dependencias policiales, fuera de las unidades penitenciarias, debido a la falta de espacio suficiente dentro del sistema carcelario.
El crecimiento de la población carcelaria salteña muestra una tendencia sostenida desde principios de siglo.
En 2002, el sistema tenía una capacidad de 1.163 plazas y alojaba a 1.574 personas. Ya en ese momento existía un excedente de internos respecto de los lugares disponibles.
Con el paso de los años, la cantidad de personas detenidas continuó aumentando. En 2015, la capacidad había ascendido a 2.268 plazas, pero la población penal alcanzaba las 2.602 personas.
La mayor presión se registró en los últimos años. En 2020, el sistema tenía capacidad para 2.376 internos, pero alojaba a 3.776 personas. En 2023, la población llegó a su punto más alto del período analizado: 3.967 internos para una capacidad de 2.829 plazas.
Los últimos registros muestran una leve baja en la cantidad total de personas alojadas, pero la brecha continúa siendo significativa: en 2026, con una capacidad de 2.895 plazas, permanecen detenidas 3.765 personas.
La situación actual se desarrolla dentro de un contexto de emergencia penitenciaria declarada en Salta desde 2022.
El propio informe del Servicio Penitenciario incorpora como antecedentes el crecimiento sostenido de la población penal y las limitaciones de infraestructura como factores centrales del escenario actual.
Uno de los cambios normativos mencionados es la desfederalización del microtráfico, implementada en Salta a partir de la Ley Provincial N° 7.732. Esta modificación permitió que la Justicia provincial comenzara a intervenir en determinadas causas relacionadas con la venta minorista de drogas, una política que tuvo impacto en la cantidad de investigaciones y detenidos por delitos vinculados a estupefacientes.
Dentro de la evolución histórica del sistema, la desfederalización del microtráfico aparece como uno de los hitos que marcaron el crecimiento de la población penitenciaria.
El escenario penitenciario salteño también fue observado durante los últimos años por el Comité contra la Tortura, que alertó sobre las condiciones de detención.