inicia sesión o regístrate.
La Cámara de Senadores de Salta convirtió en ley los dos proyectos de autorización financiera solicitados por el Poder Ejecutivo provincial, fijando un tope global de endeudamiento de hasta US$ 250 millones. Con la asistencia de 19 legisladores en el recinto, la Cámara Alta dio luz verde a ambos expedientes, otorgando al Gobierno provincial las herramientas legales para encarar de manera simultánea una reestructuración de pasivos y un plan denominado de infraestructura productiva.
A pesar de la cifra unificada, la medida posee una doble naturaleza fiscal que conviene disgregar para comprender su verdadero impacto. Por un lado, se habilita la emisión de títulos públicos en el mercado local de capitales por hasta US$ 150 millones. Por el otro, se autoriza a la Provincia a suscribir un crédito multilateral con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 100 millones.
Para desentrañar el origen de la colocación de bonos por US$ 150 millones es ineludible remontarse al año 2016, durante la administración del exgobernador Juan Manuel Urtubey. En aquel entonces, el Estado provincial emitió el denominado "Plan Bicentenario" por un monto original de US$ 350 millones, destinado a la ejecución de obras públicas y adquisición de equipamiento municipal. Una década más tarde, los compromisos derivados de aquel crédito continúan marcando la presión del calendario fiscal salteño.
Actualmente, el saldo pendiente de cancelación del Plan Bicentenario asciende a unos US$ 145 millones entre capital e intereses. Las exigencias financieras de ese título heredado imponen amortizaciones con vencimientos inminentes concentrados entre finales de 2026 y el transcurso de 2027 (específicamente en los meses de noviembre y diciembre de 2026, y julio y diciembre de 2027). Sin margen para afrontar semejante erogación al contado sin paralizar la administración pública, el Gobierno optó por recurrir nuevamente al mercado de capitales para reperfilar los plazos.
Desde el punto de vista del análisis macrofiscal, la fundamentación oficialista sostiene que esta colocación de US$ 150 millones no configura un incremento neto en el stock bruto de la deuda salteña. Se trata de una maniobra de "roleo" o refinanciación cuyo objetivo exclusivo es cancelar las cuotas del Bicentenario a su vencimiento.
Aseguran que el préstamo financiará logística, servicios y tecnología
El oficialismo defiende la solvencia del plan recordando que desde diciembre de 2019, cuando asumió el gobernador Gustavo Sáenz con un stock de deuda de US$ 640 millones, se ejecutó un proceso de desendeudamiento que redujo el pasivo provincial a cerca de US$ 290 millones en la actualidad, tras haber abonado US$ 444 millones en servicios de deuda. No obstante, el debate legislativo reflejó las advertencias de la oposición sobre el reciente acuerdo con Nación por $265 mil millones en anticipos de coparticipación, señalando que la consolidación de esa obligación sumará presión financiera para los ejercicios 2026 y 2027. Ayer, por cierto, no estuvo en la sesión el senador libertario Roque Cornejo.
En otro aspecto se sitúan los US$ 100 millones aprobados para el préstamo con el BIRF, destinados al programa "Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta". A diferencia de los bonos de refinanciación, este financiamiento multilateral se orienta, en teoría, al desarrollo vial, saneamiento ambiental y gestión tecnológica.
El núcleo central del paquete del BIRF contempla intervenciones viales estratégicas sobre el Corredor Bioceánico a lo largo de 265 kilómetros de la Ruta Nacional 51, entre Campo Quijano y el paso fronterizo de Sico en la frontera con Chile. Si bien las obras viales y de conectividad logística absorben el grueso del crédito internacional, la documentación técnica oficial aún no ha difundido la desagregación presupuestaria detallada renglón por renglón para cada tramo específico, aunque la ejecución del trazado vial forma parte central del plan aprobado.
En julio, cuando se anunció el paquete se informó oficialmente que se llevarán adelante mejoras en el Nodo Logístico y Parque Industrial General Güemes, infraestructura estratégica por su ubicación sobre el Corredor Bioceánico y su conexión con el ferrocarril Belgrano Cargas, fortaleciendo la competitividad logística y el desarrollo industrial de la provincia.
Corredor estratégico: el plan contempla intervenciones sobre 265 kilómetros de la ruta nacional 51.
En cambio, la documentación oficial a la que accedió El Tribuno días atrás solo especifica con precisión los presupuestos asignados a las demás componentes del programa:
Agua y saneamiento en la Puna (US$ 18,4 millones): Obras esenciales para Olacapato (pozo profundo, planta de remoción de arsénico, redes y tanques) y San Antonio de los Cobres (nueva planta de tratamiento de aguas residuales adaptada a alta montaña, secado de lodos y plan piloto de reúso de efluentes).
Gobernanza y control minero (US$ 10 millones): Digitalización del sistema geológico-minero (SIMSa), catastro georreferenciado interconectado con el Juzgado de Minas, fiscalización de regalías y modernización de la litoteca provincial.
Gestión general del proyecto (US$ 500.000): Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Proyecto para el seguimiento fiduciario, ambiental y social.
"El préstamo aprobado por el Banco Mundial tiene un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años, constituyéndose en una herramienta estratégica para acompañar el desarrollo económico, la creación de empleo y las inversiones en la infraestructura de Salta", informó el Gobierno cuando se anunció este financiamiento.
"Los US$ 150 millones no harán crecer la deuda"
El senador Juan Cruz Curá buscó despejar las dudas en torno a la colocación de bonos por hasta US$ 150 millones en el mercado local de capitales, asegurando que la medida responde a una necesidad estricta de gestión de pasivos.
"En términos prácticos o para que la gente lo entienda, los 150 millones de dólares no están endeudando o haciendo crecer el stock de deuda de la provincia", aseveró el legislador oranense. "Lo que estamos haciendo es rolear o refinanciar la deuda porque la provincia de Salta tiene vencimientos en noviembre de este año, en julio del año que viene y en diciembre del año que viene".
Financiamiento extendido: el préstamo tendrá un plazo de devolución de 32 años y siete años de gracia.
Curá recordó que el pasivo a refinanciar corresponde al Plan Bicentenario, contraído originalmente en 2016 durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey. Explicó que mediante esta colocación de títulos públicos se pretende extender los plazos de cancelación y obtener tasas de interés más favorables. Según indicó, esta ingeniería resulta indispensable "para no llegar ahogados financieramente y poder honrar los compromisos, garantizando además los fondos para el funcionamiento normal del Estado".
Soto acusó a la oposición de "repetir un casete"
El senador provincial e integrante de la Comisión de Hacienda, Jorge Soto, criticó la inasistencia del senador libertario Roque Cornejo al recinto parlamentario como a las reuniones de comisión previas.
"En el día de hoy teníamos dos proyectos muy importantes que venían con media sanción de la Cámara de Diputados y hubiese sido de utilidad para los salteños que se produzca el debate necesario. Máxime cuando salís por los medios a hacer TikTok o videos diciendo y adelantando que vas a votar en contra, pero no te prestás al debate en el recinto, donde se tienen que hacer las cosas", disparó Soto.
El legislador reprochó que la oposición falte a las reuniones de trabajo y vote en contra "sin informarse o repitiendo un casete", ignorando la trascendencia de dos normas que buscan saldar compromisos del pasado y fomentar el crecimiento productivo. Soto remarcó que las leyes fueron previamente coordinadas y validadas por la Casa Rosada: "Son dos proyectos consensuados y hablados con autoridades nacionales, fruto de la gestión de nuestro gobernador ante el Ministerio de Economía de la Nación, el Ministerio del Interior y Jefatura de Gabinete".