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La detención de Rafael Resnick Brenner no representa el final de la causa por corrupción en la AFIP Salta. El exdirector regional comenzó a cumplir una pena unificada de cinco años y seis meses de prisión, pero otro capítulo del expediente volvió a quedar abierto y puede agravar su situación penal.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Salta realizará una audiencia para resolver nuevamente las acusaciones de defraudación contra la administración pública y cohecho relacionadas con Minera Santa Rita. Las absoluciones de esos delitos dictadas en 2023 fueron anuladas por la Cámara Federal de Casación Penal, que cuestionó la exclusión de pruebas y la fundamentación de aquella decisión. Solo se tomó el delito de concusión.
La audiencia quedó habilitada después de que la Corte Suprema rechazara el 27 de agosto, los recursos presentados por las defensas. El fallo produjo dos consecuencias diferentes: dejó firme la condena por la coima exigida al empresario Fredy Rosario Tejerina y permitió que el tribunal salteño avance con una nueva resolución sobre el capítulo de Minera Santa Rita.
La primera consecuencia llevó a Resnick Brenner a prisión. La segunda puede ampliar la condena que ya debe cumplir.
La investigación comenzó en 2015, luego de que Tejerina denunciara que funcionarios de la AFIP Salta le habían exigido $1,5 millones para intervenir favorablemente en la situación tributaria de su empresa.
El 29 de septiembre de 2023, el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a Resnick Brenner a cuatro años de prisión como autor del delito de concusión. Nicolás Antonio Fili, entonces funcionario de la Regional Salta, recibió tres años de prisión condicional como partícipe necesario.
La pena de Resnick Brenner fue unificada con una condena anterior de tres años de prisión en suspenso por el caso Ciccone. El resultado fue una pena única de cinco años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, cinco años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000.
Tras el rechazo de la Corte, el Tribunal Oral ordenó su detención tras el pedido del fiscal Carlos Amad. La medida se concretó el lunes y Resnick Brenner se presentó en dependencias de la Policía Federal en Campana, Buenos Aires, mientras se tramita un cupo para su ingreso al Servicio Penitenciario Federal.
Esa condena ya no está en discusión. Lo que queda pendiente corresponde a otros hechos investigados dentro del mismo expediente.
Durante la investigación, la Fiscalía reunió elementos sobre supuestos beneficios concedidos a distintos contribuyentes mediante resoluciones favorables a cambio de importantes sumas de dinero. Una parte de esas actuaciones se concentró en la situación de Minera Santa Rita.
Por ese capítulo llegaron a juicio Resnick Brenner, Fili, Pablo Daniel Haddad y Federico Guijarro Jiménez.
El tribunal los absolvió en 2023 de la acusación por defraudación contra la administración pública. También dictó absoluciones por cohecho y excluyó parte de la prueba incorporada al expediente, entre ella el testimonio de Eilif Riise.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Amad, y la querella de ARCA apelaron la sentencia. El 8 de abril de 2025, Casación consideró infundada y arbitraria la exclusión de ese testimonio, anuló las absoluciones y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.
La revisión por defraudación comprende a Resnick Brenner, Fili, Haddad y Guijarro Jiménez. En el caso del cohecho, alcanza a Resnick Brenner, Haddad y Guijarro Jiménez.
Ahora el Tribunal Oral Federal deberá resolver exclusivamente los puntos anulados por Casación. Los jueces podrán volver a absolver o determinar responsabilidades penales. Pero para Resnick Brenner una eventual condena tendría una consecuencia especial: ya cumple una pena unificada por dos causas anteriores.
Si se establece ahora su responsabilidad por defraudación o cohecho, deberán fijarse las penas correspondientes y analizarse su unificación con la condena vigente. Al tratarse de delitos en concurso real, se puede aplicar una escala máxima mayor. El fraude en perjuicio de la administración pública es penado de 2 a 6 años de prisión y el cohecho del artículo 256 y 256 bis tiene de 1 a 6 años de prisión.
Los jueces
La audiencia estará a cargo de María Alejandra Cataldi, Diego Martín Matteucci y Enrique Lilljedahl, actuales integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 2.
Matteucci y Lilljedahl fueron designados luego de un sorteo dispuesto por Casación. Sus incorporaciones también habían sido impugnadas por las defensas, pero los planteos quedaron rechazados tras agotarse la instancia ante la Corte.