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Las empresas que operan el transporte metropolitano de pasajeros fijaron el jueves 24 de septiembre como fecha límite para que Saeta regularice los pagos pendientes. Advirtieron que, si no reciben una respuesta, podrían dejar de cumplir desde ese día las órdenes de servicio vigentes, tanto en horario diurno como nocturno.
La presentación incorpora un dato concreto a un conflicto que durante las últimas horas estuvo atravesado por mensajes contradictorios. En una solicitada publicada el domingo, siete empresas sostuvieron que ya habían reducido unidades y frecuencias debido a la deuda de Saeta. Sin embargo, posteriormente su representante y vocero, Edgardo García, aseguró que las frecuencias todavía no estaban afectadas.
"Todavía la frecuencia no está afectada", afirmó García ayer en diálogo con Radio Salta.
Ahora, mediante una nota dirigida al presidente de Saeta, Claudio Mohr, las empresas anticiparon que la prestación podría verse afectada desde el próximo jueves si no se regulariza la deuda.
El documento está fechado el 18 de septiembre e ingresó formalmente a Saeta el lunes 21. Los representantes legales de las sociedades adjudicatarias sostienen que la deuda acumulada constituye un incumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos de concesión y de fideicomiso.
Según la presentación, Saeta adeuda parte de la certificación correspondiente a julio, la certificación de agosto y los importes vinculados con el combustible de septiembre.
Las empresas aseguran que la demora les impide afrontar normalmente los gastos indispensables para mantener el servicio. Entre ellos mencionaron combustible, lubricantes, repuestos, cubiertas, elementos de higiene y seguridad, reparaciones y mantenimiento de las unidades y de la infraestructura.
También señalaron que la falta de recursos afecta el cumplimiento de sus compromisos con proveedores y entidades financieras.
"Se ha roto la cadena de pago a los proveedores y a los bancos, ya que tampoco hemos podido cumplir con nuestros acreedores", expresaron en la nota.
Las compañías también hicieron referencia al acuerdo firmado el 3 de junio de 2026. Según afirmaron, en ese documento se había asumido el compromiso de regularizar la situación y normalizar los pagos, pero esas obligaciones no habrían sido cumplidas.
Frente a este escenario, las subconcesionarias establecieron una fecha para una eventual afectación de la prestación.
"De no mediar una regularización de la situación antes mencionada, nos veremos imposibilitados de dar cumplimiento a las órdenes de servicio actuales", comunicaron.
Según el escrito, esa decisión comenzaría a aplicarse el jueves 24 y comprendería tanto los servicios diurnos como nocturnos.
El planteo contrasta con las declaraciones realizadas previamente por García. El vocero había explicado que la solicitada buscaba el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la intervención del gobernador Gustavo Sáenz, pero sostuvo que no se trataba de una advertencia al Gobierno.
"Lo que buscamos es reunirnos con SAETA y el Gobierno para encontrar una solución. El objetivo es no afectar el servicio", había señalado.
No obstante, al ser consultado sobre la posibilidad de que el servicio se resintiera, admitió que esa alternativa estaba "dentro de las posibilidades".
Dijo que no sería una decisión buscada por las empresas, sino una consecuencia de la falta de recursos para mantener las unidades.