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La dimensión de la violencia de género en Salta sigue mostrando cifras de alerta. En los últimos años, las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género crecieron un 93% respecto de 2016. Actualmente, casi 3 de cada 10 denuncias en el Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género, mientras que en la Unidad de Flagrancia este tipo de casos abarca un tercio de las intervenciones, ocurriendo casi un 40% de ellas durante el horario nocturno. A este panorama se suma que, con un registro de 7 femicidios en lo que va del año (alcanzado en el mes de agosto), Salta ya igualó el total de casos reportados durante todo el 2025.
Prórroga
Frente a este contexto y ante el inminente vencimiento fijado para el próximo 8 de septiembre, la Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado de Salta emitió dictamen favorable para prorrogar por dos años la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género. La iniciativa, impulsada por las senadoras Leonor Minetti y Alejandra Navarro, busca autorizar al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para mantener en funcionamiento los servicios de asistencia, contención y protección en todo el territorio provincial.
La decisión adquiere mayor relevancia ante la falta de envío de fondos por parte del Gobierno Nacional. Este recorte presupuestario contrasta con un incremento sostenido en la demanda de ayuda estatal a nivel local:
Asistencias brindadas: en los primeros ocho meses de 2026, el Servicio de Orientación, Contención y Asistencia ya cubrió el 86% de todas las asistencias realizadas durante 2025, proyectando cerrar el año con un incremento del 129%.
Pese a las restricciones presupuestarias, la provincia mantiene operativos diversos dispositivos de respuesta ante los casos de violencia.
Requerimientos judiciales: las solicitudes enviadas por la Justicia ya alcanzaron un 116% respecto del total acumulado el año anterior, estimándose que treparán al 170% al finalizar el período.
En paralelo, las autoridades advirtieron sobre una progresiva pérdida de institucionalidad en los municipios salteños: menos del 50% de las comunas conserva áreas específicas de género, habiendo sido absorbidas en su mayoría por las secretarías de Acción Social. Para mitigar este déficit en el interior provincial, se planteó la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral que asigne referentes territoriales para orientar y acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial y sanitario.
Sigue la formación con la Ley Micaela
En materia formativa, durante 2026 se certificó a 640 personas en el marco de la Ley Micaela —proceso al que se prevé incorporar un agente de inteligencia artificial— y se profundizó la capacitación de las fuerzas policiales al ser la primera línea de auxilio ante una emergencia.