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Una crecida repentina de un río, un terremoto, un incendio de grandes dimensiones, lluvias intensas, una sequía prolongada o incluso una emergencia que afecte infraestructura crítica pueden exigir, en pocas horas, la intervención simultánea de organismos provinciales, municipios, fuerzas de seguridad, bomberos, hospitales y organizaciones de la sociedad civil. El desafío, detrás de cada uno de esos escenarios, es que esa respuesta no dependa de la improvisación.
Ese es uno de los principales objetivos del proyecto de ley que analiza la Cámara de Diputados de Salta para crear un Sistema Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. La propuesta busca establecer una estructura permanente que permita identificar amenazas, reducir riesgos y preparar la respuesta ante situaciones que afecten a la población en cualquier punto del territorio.
Una emergencia se gestiona desde antes
El planteo parte de una premisa sencilla: una emergencia comienza a gestionarse antes de que ocurra. Por eso, el proyecto incorpora la prevención y la planificación como componentes centrales y pretende que la gestión del riesgo atraviese decisiones vinculadas con el territorio, el ambiente, la obra pública, las inversiones estatales y las actividades productivas.
Entre las herramientas previstas aparece un Mapa Provincial de Riesgos, que permitiría identificar las amenazas existentes en las distintas regiones y cruzarlas con la población y la infraestructura expuesta. También se plantea crear un sistema provincial de información, un registro de infraestructura crítica y sistemas de alerta temprana multiamenaza.
El proyecto impulsado por el diputado Gastón Galíndez también plantea que la prevención debe ser considerada una inversión. La lógica es que los recursos destinados a identificar riesgos, capacitar personal, mantener infraestructura, realizar simulacros y desarrollar sistemas de alerta pueden reducir posteriormente los daños económicos y humanos y acelerar la recuperación.
La propuesta también coloca a los municipios en un lugar central. La idea es que cada intendencia cuente con un comité de emergencia, un diagnóstico de sus principales riesgos y un plan de actuación. La razón es operativa: ante una emergencia, el municipio suele ser el primer nivel del Estado que entra en contacto con la población afectada y debe poder activar rápidamente los mecanismos de asistencia y evacuación.
El sistema buscaría, además, establecer una coordinación permanente entre los distintos niveles del Estado y organismos que habitualmente intervienen en una catástrofe. Para eso se propone crear un Consejo Provincial para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, con participación de organismos provinciales, municipios adheridos, universidades, instituciones científicas, bomberos voluntarios y entidades privadas.
Simulacro anual
La preparación no quedaría limitada a los organismos de emergencia. El proyecto contempla la realización de al menos un simulacro anual en escuelas, hospitales, geriátricos y edificios de concurrencia masiva, además de incorporar contenidos de autoprotección al sistema educativo. El objetivo es que la población sepa qué hacer frente a una evacuación, un incendio, una inundación, un sismo u otra situación de riesgo.
La iniciativa también pone el foco en las personas y comunidades que pueden enfrentar mayores dificultades para evacuar o recibir asistencia, y plantea medidas específicas para esos sectores.
En Salta, la necesidad de una planificación de este tipo está vinculada con la diversidad geográfica y climática de la provincia. Los riesgos no son iguales en la Puna, los Valles, el norte o el este provincial, ni se presentan de la misma manera durante todo el año. A los movimientos sísmicos se suman lluvias intensas, crecidas, incendios, vientos, heladas y períodos de sequía, entre otras amenazas.
En ese escenario, contar con información actualizada resulta tan importante como disponer de equipamiento y personal. Saber qué puede ocurrir, dónde puede ocurrir, a cuántas personas podría afectar y qué recursos existen para responder permite pasar de una reacción posterior al desastre a una estrategia de anticipación.
Otro de los puntos previstos es la elaboración de un Plan Provincial de Gestión Integral del Riesgo, acompañado por informes periódicos sobre su aplicación. La Autoridad de Aplicación debería presentar anualmente un informe ante ambas Cámaras legislativas, incorporando un mecanismo de seguimiento institucional.
La propuesta todavía no constituye un sistema operativo. Después del análisis realizado en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los legisladores resolvieron continuar trabajando sobre el texto y recoger nuevos aportes antes de avanzar hacia una versión consensuada. El proyecto deberá ser analizado además por las comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana, Obras Públicas y Legislación General.
Más allá del trámite legislativo, la discusión plantea una cuestión concreta para la provincia: qué capacidad tiene Salta para anticiparse a una emergencia y cómo se coordinaría el Estado cuando un desastre supere la capacidad de respuesta de un solo municipio u organismo.
La propuesta intenta responder esa pregunta con una estructura que combine información, prevención, capacitación, alertas y coordinación. El desafío, si el sistema finalmente se convierte en ley, estará en transformar esas herramientas previstas en protocolos que funcionen efectivamente cuando llegue el momento de utilizarlos.