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Al filo de dictar una sentencia que podría detonar una crisis diplomática por violación de la soberanía territorial de Argentina, la Justicia de Tarija puso en "stand by" al inaudito juicio penal del que había dado cuenta El Tribuno en su edición del pasado lunes. Ese día este diario tituló: "Ava guaraníes son juzgados en Bolivia por defender su territorio en Salta". Ese informe periodístico, como otros que lo precedieron en los últimos dos años, expuso los atropellos padecidos en la banda fronteriza del río Grande de Tarija por una comunidad originaria que habita en el selvático borde occidental del municipio de General Mosconi. Cuenta con reconocimiento del Estado nacional, pero se encuentra aislada, hostigada, acorralada y desprotegida ante el avance ilegal de cañeros bermejeños.
La invasión en esa franja fronteriza de 86 kilómetros no se circunscribe al territorio ancestral de la comunidad Tape Iguapegui de Churqui, que tiene los relevamientos catastrales, técnicos y legales completados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) desde hace 16 años. El avasallamiento se extiende a 14 catastros rurales del departamento San Martín que incluyen, entre propiedades de empresas y productores afectados, al Lote Fiscal 13 de la Provincia de Salta en Aujoncito y a una fracción de Baúles que tiene a la Municipalidad de Orán como principal titular registral (la trama oculta detrás del catastro 494, mañana, en otra entrega de este informe).
Juicio paralizado
La jueza Minerva Tárraga Gutiérrez, que hasta el lunes se había mostrado reacia a incorporar pruebas en defensa de los nueve ava guaraníes acusados de daños y turbaciones en una plantación de caña de azúcar establecida en el sector fronterizo de Valle Dorado (Tarija) y Churqui (Salta), puso al juicio en un "freezer" hasta el 16 de septiembre.
La decisión que tomó la magistrada en la audiencia del martes último tiene un propósito que brilla: establecer con certeza si los hechos denunciados por Horacio Cruz Castro ocurrieron en suelos de Bolivia, como sostiene el líder de los cañeros bermejeños, o en territorio argentino, como ya lo habían hecho notar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia y la propia Cancillería del vecino país, con categóricos dictámenes notificados el 11 de enero de 2024.
"La jueza nos dio una prórroga para presentar pruebas", confirmó a este diario Natalí Vásquez, cacique de Churqui, quien enfrenta las acusaciones motorizadas por Cruz Castro desde 2020 junto a otras ocho personas de esa comunidad indígena de General Mosconi: Vanesa Alemán, Mirta Alemán, Paola Cruz, Vicente Vásquez, Héctor Vásquez, Ricardo Espinoza, Jesús Segovia y Wilfredo Ortiz.
"Presentamos documentación, la rechazaron"
Aunque la prórroga se dispuso hasta el 16, la referente de la comunidad Tape Iguapegui aclaró que los respaldos probatorios serán recibidos hasta el 10 y deberán ingresar al Juzgado de Sentencias tarijeño con certificaciones oficiales. "Ya presentamos documentación, pero la rechazaron", expresó Natalí, tras remarcar que la jueza Tárraga Gutiérrez les dijo que no aceptará copias de documentos, informes, dictámenes o actas si su originalidad no está certificada.
Desde su aislado territorio poco o nada pueden hacer al respecto, por lo que en la carrera contrarreloj, la cacique de Churqui espera que organismos competentes puedan aportar a tiempo los informes certificados que hoy necesitan más que el pan. La abogada de Bolivia que los defiende en el juicio, Ruth Delicia Durán, también aguarda poder contar entre las pruebas certificadas con el informe que la Comisión Nacional de Límites Internacionales (CONALI) elevó a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, tras un reciente relevamiento desarrollado en la zona de Churqui y Aujoncito.
Presencia diplomática en la Justicia de Tarija
¿Por qué la jueza tarijeña Minerva Tárraga Gutiérrez, que hasta el pasado lunes se mostraba resuelta a emitir el veredicto contra los ocho acusados ava guaraníes con ciudadanía argentina, puso a ese juicio penal en "stand by" y postergó su fallo hasta el 16 de septiembre?.
Quizás la respuesta a esa pregunta esté en la reunión, que antes del inicio de la audiencia judicial del martes último, la cónsul María Luz Melon mantuvo con la magistrada en su despacho. Huelga aclarar que la diplomática argentina llegó a la sede de ese Juzgado de Sentencia informada por los funcionarios de la CONADI desde el 12 de agosto sobre las nuevas pruebas reunidas por la Subcomisión mixta en Churqui y Aujoncito sobre el avance de plantaciones ilegales de caña de azúcar sobre suelos salteños de la banda fronteriza del río Grande de Tarija.
Intervención del Gobierno argentino
En la madrugada del lunes, sin conocer que Melon ya tenía previsto encontrarse con la jueza, productores afectados por la invasión cañera transmitieron al diputado nacional Julio Moreno su preocupación y le compartieron el enlace de la nota publicada por El Tribuno sobre el inminente fallo con consecuencias en la relación diplomática de Argentina y Bolivia. Con el alba apenas asomando, el legislador salteño del bloque de la Libertad Avanza tomó su teléfono y se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Solo minutos después le respondieron desde el despacho del canciller Pablo Quirno que la Embajada Argentina en La Paz ya trabajaba sobre la delicada cuestión de soberanía. Horas más tarde se confirmó que la cónsul argentina tenía previsto reunirse al día siguiente con la jueza Tárraga Gutiérrez.
La reunión se concretó el martes a las 8,30. Tres horas después comenzó la audiencia judicial en la que la magistrada comunicó a las partes que se posponía el debate para sumar pruebas.
Exorbitante contrabando
Para dimensionar la magnitud de la invasión cañera solo basta recordar que ya en 2014, un operativo de Gendarmería, AFIP y Aduanas dejó a la vista la extensión de las plantaciones ilegales en la banda salteña del río Grande de Tarija.
En aquella denuncia un productor afectado dio cuenta de cerca de 2.000 hectáreas invadidas, deforestadas y convertidas en plantaciones ilegales y un contrabando de al menos 70.000 toneladas de caña de azúcar, por zafra, con una multimillonaria evasión impositiva al Fisco argentino.
Sin embargo, todo sigue como entonces porque no hay un camino que conecte a esa lonja fronteriza de 86 kilómetros y 150.000 hectáreas con General Mosconi, San Ramón de la Nueva Orán y otras localidades de la provincia por territorio argentino. Originarios, docentes, agentes sanitarios y productores siguen dependiendo de rodeos obligados por Bolivia. Se necesita allí un Estado presente, más control y seguridad, pero sin un camino consolidado la presencia de fuerzas federales es apenas intermitente y el establecimiento fijo de Gendarmería, por el que tanto se insiste, es casi una quimera.