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Hitos internacionales envueltos por plantaciones ilegales que penetran desde Bolivia a espacios territoriales de Salta, cañeros bermejeños que colonizan con machetes suelos argentinos, pobladores indígenas enjuiciados en Tarija por defender su territorio ancestral en General Mosconi, extranjeros que avasallan inmuebles rurales de San Martín tomando como playa de desembarco a matrícula de ese departamento en la que están asociados registralmente con la Municipalidad de la Ciudad de Orán.
Todo esto, que parece extraído de una clásica novela del realismo mágico, no es ficción literaria. Es parte de la realidad que envuelve desde hace 20 años a la banda fronteriza del río Grande de Tarija, una extensa franja de 86 kilómetros y 150.000 hectáreas donde el aislamiento hiere, la impunidad reina y la soberanía cruje con un Estado ausente.
Describir con profundidad lo que ocurre con los 12 catastros rurales avasallados llevaría una vida. Pero si hay un paraje en el que se resumen todos los extremos expuestos, ese es Baúles.
Son 1.672 hectáreas enmarcadas en las selváticas serranías del borde occidental del municipio de General Mosconi. Baúles está conformado con dos fracciones cuyos límites con la comuna de Bermejo (Bolivia) no se corresponden con las inexactas líneas de Google Earth, ni el meandroso curso del río Grande de Tarija, sino con las coordenadas geográficas y los hitos fronterizos que precisan donde comienza y termina el territorio de uno y otro país.
La fracción mayor de Baúles (matrícula 1011) tiene 1.103 hectáreas. La titular registral es Lidia Nora Martell, de modo que nadie ajeno a su legítimo legado debería poner un pie en esa tierras. Sin embargo, ante una Justicia impasible frente a denuncias que se remontan hasta 2007, esa propiedad ya tiene cerca de un centenar de hectáreas usurpadas por actores bermejeños que en un catastro lindero (matrícula 494 de San Martín) aparecen asociados al municipio cabecera del departamento Orán con supuesta ciudadanía argentina.
En la cédula parcelaria del catastro 494, la Municipalidad de Orán figura como dueña del 33,33% de las 662 hectáreas. Efraín Vidaurre Paniagua tiene el 16,66% de los derechos sobre esa fracción indivisa y Sara Condorí otro 16,66%. La titular registral de la matrícula se completa con Héctor Raúl Guerrero (28,57%), Hernán Hoyos (2,94%) y Héctor Rodolfo Garzón (1,82%). Según un contrato de compraventa certificado el 21 de abril de 2021 en el Registro Notarial Nº 9 de San Ramón de la Nueva Orán, Hoyos le cedió ese 1,82% de los derechos que tenía sobre la fracción indivisa a Garzón, "DNI 20.488.085, argentino, soltero".
Según denuncias, Hoyos es el principal promotor de los violentos avances sobre la propiedad lindera (matrícula 1011) y Garzón no sería otro que el administrador de la Federación de Cañeros del Sur (Fecasur) con sede en Bermejo (Bolivia). Los DNI con los que ambos figuran en el padrón electoral de Aguas Blancas con domicilios imprecisos, se cuentan entre los más de 3.000 documentos de identidad argentinos que investiga el fiscal federal Ricardo Toranzos en el municipio fronterizo por falsas residencias detectadas en el municipio fronterizo de Orán. Hoy por la violenta usurpación de tierras fronterizas en Baúles también son señalados una hija de Hoyos y su yerno, Delfor Chavarría, ambos de Bermejo, como otros actores implicados.
Soja y papa que cruzan como si nada a Bolivia
Las denuncias de los propietarios del catastro 1011 de Baúles, que tiene como titular registral a Lidia Nora Martell en la banda salteña del río Grande de Tarija, se remontan hasta 2007. Su hija, Carla Seoane Martell, sigue insistiendo con las presentaciones sin lograr que la Justicia y organismos competentes frenen las violentas usurpaciones que bermejeños imponen con machetes, cuchillos y armas de fuego.
Desprotegidos e impotentes, ella y su esposo ven esas tierras atropelladas con tractores, rastras y cultivos de soja y papa cuyas cosechas son cruzadas a Bolivia en abierto contrabando, de espaldas a las leyes argentinas, y una impunidad absoluta. "Ya perdimos la cuenta de las denuncias que presentamos y se acumularon en fiscalías de la Justicia provincial y federal, como así también ante diferentes organismos provinciales y nacionales", remarcó Carla a El Tribuno.
Aun sin respuestas, y con cerca de cien hectáreas convertidas en tierra arrasada, ella sigue confiando en que el avasallamiento que sufren en la propiedad tenga un freno definitivo. "Estamos viendo voluntad en intervenciones de la Cancillería argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación, con actuaciones de la Comisión Nacional de Límites Internacionales y de Gendarmería Nacional, pero la zona necesita un camino que rompa su aislamiento y posibilite una presencia firme y constante del Estado en resguardo de su soberanía territorial", remarcó Carla.
La directora de Control y Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo, aseguró ayer que se están evaluando con organismos nacionales y provinciales alternativas para dotar a la banda salteña del río Grande de Tarija de la conexión vial que necesita con General Mosconi.
El avasallamiento territorial que arrastra ese borde internacional de Salta tiene alcances en miles de hectáreas. Autoridades de Finca Volcán SA, titular registral de fracciones invadidas por cañeros bermejeños en las áreas de Churqui, San Telmo, Volcán, Porcelana, Polvareda y Chuschal, señalaron a este diario que la empresa tiene afectados "siete catastros que cubren 12.300 hectáreas". La firma negó que existan arrendamientos y remarcó que las usurpaciones afectan la seguridad jurídica, proyectos productivos e inversiones.