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Dos cazadores deberán hacerse cargo de la reposición de un sector del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, ubicada en el departamento de Anta, luego del ataque de sus perros a un oso hormiguero gigante ocurrido en junio pasado dentro del área protegida.
La medida fue acordada como una forma alternativa de reparación del conflicto penal y fue homologada por el juez federal de Garantías N°2, Diego Anzorreguy, tras la presentación realizada por el fiscal general Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Carolina Jorge, integrantes del Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Salta.
El hecho investigado ocurrió el 21 de junio, entre los lotes 3 y 7 de la reserva, un sector donde está prohibida la caza y la depredación de fauna. Durante un patrullaje, los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos de perros y siguieron sus rastros hasta observar que los animales ingresaban y salían del monte.
Al acercarse al lugar, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un oso hormiguero de la especie myrmecophaga tridactyla, también conocido como oso hormiguero gigante o yurumí. El ejemplar presentaba heridas provocadas por mordeduras.
Los guardaparques lograron alejar a los perros y poner al animal bajo resguardo. Poco después localizaron a los propietarios de los canes, quienes se encontraban en las inmediaciones. Luego de la intervención, el ejemplar se recuperó y fue nuevamente liberado en el monte.
Imputación por infracción a la Ley de Fauna
A partir del episodio, la fiscalía inició actuaciones por una presunta infracción a la Ley N°22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La imputación se basó en el artículo 25 de esa normativa, que establece penas de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quienes cacen animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas.
La auxiliar fiscal explicó que los involucrados, padre e hijo, habían ingresado de manera ilegal a la reserva con fines de caza, motivo por el cual se formalizó la imputación penal.
Sin embargo, durante la audiencia la fiscalía informó que las partes habían alcanzado un acuerdo de reparación. En ese marco, los imputados asumieron el compromiso de solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la reserva.
La necesidad de reparación había sido informada por el intendente de la Reserva Nacional Pizarro, Néstor Walter Sucunza. La fiscalía solicitó además que quedara establecido que los fondos aportados serían destinados exclusivamente al área protegida.
Durante la audiencia, el juez consultó a los imputados sobre los términos del acuerdo. Ambos expresaron su conformidad, al igual que su defensa, por lo que el magistrado homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.