Esta carta pública está especialmente dirigida a los defensores del Pueblo de la Nación Argentina y de la Provincia de Salta. Me dirijo a ustedes dos porque claramente no sé bien a quién hacerlo. En nuestro municipio tenemos una Carta Orgánica aprobada en noviembre del 2018 Ley 8.115, donde dice que las sesiones del Concejo Deliberante son públicas salvo cuando los asuntos a tratar sean de carácter reservado. Y el mismo Concejo tiene un reglamento interno de marzo del 2019, en el que se le pide a los vecinos para asistir a las sesiones, una solicitud por escrito 48 horas antes. En mi modesta opinión acá se está incurriendo en varios abusos a un país libre como el que está fundado en el Derecho y es Argentina. Las reuniones secretas se pueden entender en los servicios de inteligencia o temas de defensa, pero un municipio y su ámbito ni aunque le vaya a declarar la guerra al pueblo de al lado tiene que tener ese tipo de reuniones. Se entendieron este tipo de reuniones en el siglo XVIII y antes, cuando no había constituciones ni ciudadanos que empezaron en el XIX. Es también una incongruencia de que si las sesiones son públicas se tenga que pedir permiso 48 horas antes para asistir. Normalmente nadie va a ver las sesiones pues son muy tediosas, si por casualidad fuesen muchas personas lo lógico sería por orden de entrada o espera y tratar de escuchar desde afuera del salón de plenos, no ponerle barreras a la democracia y la participación. Es que con este requisito un grupo de personas de un mismo bando pueden presentar la solicitud y no dejar más sitio a los demás, incluso no teniendo ni que ir a la sesión por ya tener la silla adquirida.
Les he remarcado la fecha de estas normas para que vean que no tienen nada que ver con las restricciones que tenemos con la COVID. Muchas gracias por leerme y espero tomen alguna medida contra mi municipio.
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