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El debate del proyecto para regular la protesta social tuvo una carambola insólita: tanto el kirchnerismo como buena parte de la oposición alcanzaron en su primera reunión un principio de acuerdo para otorgar una amnistía general a las cerca de 4.000 personas que están procesadas por haber participado de marchas y piquetes.

La mayoría de los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados accedieron al pedido elevado por la socialista Virginia Linares como un modo de destrabar el debate. Para eso giraron los proyectos ya redactados a la comisión de Legislación Penal.
Uno de los pocos en oponerse fue el macrista Pablo Tonelli

Como parte de los acuerdos para demostrar que no hay “intención de criminalizar la protesta social”, los diputados kirchneristas aceptaron también invitar a que den su opinión dirigentes de Quebracho, la CTA-ATE, Amnistía Internacional y otras organizaciones sociales.

En las dos horas que duró la audiencia los expositores coincidieron en que la reglamentación del derecho a peticionar, básico en el régimen democrático, no puede ser criminalizado, pero hubo diferencias sobre la utilidad de la mediación como mecanismo de acercar posiciones y la forma de resguardar el derecho a la libre circulación de personas y vehículos.

El costo que sufrió la ciudad de Buenos Aires durante los cortes de calles y autopistas en tiempo y recursos desperdiciados, fueron en el 2012 de 425 millones de pesos, y 470 millones las pérdidas en el 2013.

El debate continuará el próximo 10 de junio, cuando los autores de los siete proyectos de ley expondrán los principales puntos de sus iniciativas y recibirán a referentes de organizaciones sociales para escuchar sus objeciones a la iniciativa.

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