Hoy se cumple el sexto aniversario desde la última comunicación de María Cash con su entorno. El último registro que hay sobre su presencia física es una filmación donde se la observa en el expeaje de Aunor, en las afueras de Salta capital. Hasta el momento no hay una hipótesis predominante en la investigación, sobran las pruebas que resultan en falsas alarmas, y hay un proceso paralelo que fue elevado a juicio este año en el que se acusa a un expolicía riojano, José Zárate, de "amenazas y obstrucción a la justicia" en perjuicio de Federico Cash, el fallecido padre de la joven desaparecida.
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Hoy se cumple el sexto aniversario desde la última comunicación de María Cash con su entorno. El último registro que hay sobre su presencia física es una filmación donde se la observa en el expeaje de Aunor, en las afueras de Salta capital. Hasta el momento no hay una hipótesis predominante en la investigación, sobran las pruebas que resultan en falsas alarmas, y hay un proceso paralelo que fue elevado a juicio este año en el que se acusa a un expolicía riojano, José Zárate, de "amenazas y obstrucción a la justicia" en perjuicio de Federico Cash, el fallecido padre de la joven desaparecida.
Sobre este panorama desconcertante, el hermano de María, Máximo Cash, opinó ayer ante El Tribuno que "eso tiene que ver con la decadencia del país, el sistema judicial no va ni para atrás ni para adelante, la seguridad no va ni para atrás ni para adelante, la política no va ni para atrás ni para adelante. Hay que cambiar todo para que en este país haya justicia".
El hermano, quien trabaja como vendedor en Buenos Aires, dijo que esto no tiene que ver solo con las gestiones presidenciales recientes, consideró que la impunidad es una cuestión de tipo estructural. "Hay que cambiar la mentalidad de los 40 millones de ciudadanos", valoró. En referencia a la gran cantidad de señuelos que surgieron hasta el momento, todos descartados, Máximo estimó que "es posible que sean pistas de distracción".
El secretario de Seguridad de la Provincia, Jorge Ovejero, en la mañana de ayer hizo declaraciones televisivas en las que aseguró que en lo que va del año se han recibido 1.500 denuncias por personas desaparecidas, de las cuales el 60% corresponde a menores de edad. Este medio consultó con la Policía de la Provincia cuántas personas se están buscando actualmente y la respuesta fue que se está tras el paradero de 45 desaparecidas/os.
Voz de juez
En un primer momento la causa recayó en la Justicia provincial, que tras unos meses se declaró incompetente, el expediente se trasladó al ámbito federal. En ese momento la jueza federal María Romilda Servini de Cubría tomó las riendas y recibió la primera denuncia de Federico Cash, quien falleció el 29 de abril de 2014 en un siniestro vial cuando volvía de La Pampa. Su vida tenía un solo objetivo: buscar a su hija, donde sea que pudiese hallarse una huella.
Servini de Cubría instruyó las primeras medidas certeras para encarar la investigación, luego derivó la causa al Juzgado Federal N§ 2 de Salta, encabezado por Miguel Antonio Medina. "Nunca se detiene la investigación, lo último que puedo contar es que en el año recientemente transcurrido se esclarecieron varias falsas alarmas", señaló el magistrado salteño.
Como ya ha declarado antes, Medina resaltó que se han seguido pistas tanto nacionales como internacionales, en Croacia, Ecuador y Colombia. Indicó que en esos países se contó con la cooperación de la Cancillería y de organismos internacionales convocados por intermedio suyo, como Interpol.
Como novedad, relató que se está a la espera de la "declaración de un periodista e investigador de Buenos Aires, Marcelo Larraquy, para que nos aporte algunos datos que nosotros no teníamos al principio de la investigación". La carencia de datos sobre los primeros momentos tras la desaparición se debió, según Medina, a la demora de la Justicia provincial para declararse incompetente. "Se perdió mucho tiempo en ese momento clave, estamos haciendo todo lo posible para revertirlo", apuntó.
Voz de querellante
Por su parte, Pedro García Castiella, abogado querellante que se incorporó a la causa hace menos de un año, afirmó que "en los últimos meses se han hecho una gran cantidad de diligencias, en eso hay que reconocer no solo nuestro trabajo como querella sino también el del fiscal Eduardo Villalba".
Además de García Castiella, la querella está compuesta por los estudios penalistas bonaerenses Casal, Romero Victorica y Vigliero, y Fontán Balestra. El salteño coincidió con el juez Medina en cuanto a la gran cantidad de pistas falsas que se vienen descubriendo, y admitió que "concretamente, todavía no se halló ninguna prueba concluyente". Por ello, recaló en que el "abanico de posibilidades es amplio".
Sobre los últimos escritos que habían aparecido en baños de Santa Cruz y Chubut, firmados por María Cash, en enero de este año, se desestimó que fueran escritos por ella y sobre el auto que se especificaba en los mensajes, un Sandero blanco con patente DEN 232, el abogado dijo que "correspondía a otro auto que no tenía nada que ver, el dato llamativo es que era un auto robado".
Comentó la novedad que "como querellante he pedido que se cite a declarar a una mujer que fue registrada por huellas dactilares en el baño de Chubut donde se hallaron los mensajes. Hice el exhorto a la Justicia chubutense y estoy esperando respuesta". Contó que por estos días se han solicitado pruebas específicas para descartar una hipótesis sobre la que no dio mayores precisiones.