El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, permaneció hoy tres horas en la sede de una emisora de radio en la que fue entrevistado a raíz de la consulta popular del domingo próximo, cercado por manifestantes que también arrojaron tachos de basura contra su auto. Fue liberado con intervención de la Policía.
El incidente ocurrió en Quinindé, un municipio de la provincia Esmeraldas, en el noroeste del país, en el contexto de la campaña para la consulta, en la que Correa se opone al gobierno de su sucesor y correligionario, Lenín Moreno, con el que está enfrentado desde hace meses.
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El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, permaneció hoy tres horas en la sede de una emisora de radio en la que fue entrevistado a raíz de la consulta popular del domingo próximo, cercado por manifestantes que también arrojaron tachos de basura contra su auto. Fue liberado con intervención de la Policía.
El incidente ocurrió en Quinindé, un municipio de la provincia Esmeraldas, en el noroeste del país, en el contexto de la campaña para la consulta, en la que Correa se opone al gobierno de su sucesor y correligionario, Lenín Moreno, con el que está enfrentado desde hace meses.
"La situación es muy grave en Quinindé; la radio donde nos entrevistaron está rodeada por gente del municipio, con algunos cabecillas del MPD", dijo Correa en su cuenta de Twitter, en referencia al antiguo Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular.
El exmandatario logró salir del recinto donde se encontraba sitiado gracias a la intervención de la Policía, que empleó gases lacrimógenos y otros medios antidisturbios, afirmó Paola Pabón, quien fuera secretaria de Gestión Política de los gobiernos de Correa y Moreno.
"Piedras, palos, huevos, tratan de opacar nuestra visita", dijo Correa en una entrevista telefónica, poco después de salir de la emisora, reportaron el diario local El Comercio y la agencia de noticias EFE.
El exjefe del Estado acusó al alcalde de Quinindé, Manuel Casanova, de haber convocado a los manifestantes que rodearon la sede de la radio y lo mantuvieron sitiado contra su voluntad.
"El alcalde hizo salir (a la gente) y en respuesta había como unas 100 personas, (de los cuales) unos 15 ó 20 muy agresivos, incluso armados", prosiguió.
Correa detalló que entre los asaltantes "había guardaespaldas armados con pistolas de 9 milímetros, que se pueden identificar", y citó, entre ellos, a funcionarios del propio municipio y simpatizantes del extinto MPD, hoy conocido como Unidad Popular.
"Durante 10 años que enfrentamos procesos electorales en el país, nunca hemos sido testigos de casos de violencia que se están agudizando a puertas de la consulta inconstitucional", manifestó Pabón.
Repudios
El episodio fue deplorado por Moreno; por la vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), José Serrano.
"Lo dije el lunes y hoy insisto: somos un país de paz; mantengamos el espíritu de solidaridad, de unión y de esperanza", escribió Moreno en Twitter.
"Rechazamos toda forma de violencia, venga de donde venga; más aun si pretende empañar un proceso democrático como es la consulta popular; así no construimos ciudadanía", manifestó Vicuña en la misma red social.
Por su parte, Serrano dijo que sucesos como el ocurrido en Quinindé son "inadmisibles" y que "las diferencias se procesan de cualquier otra manera, menos con violencia".
La consulta consultar
Los ecuatorianos están llamados a expresarse el domingo próximo en una consulta popular que incluye siete preguntas sobre diversos temas, tales como corrupción, reelección ilimitada, delitos sexuales a menores y medioambiente.
Moreno lidera una coalición de 36 partidos, organizaciones y plataformas que postulan el Sí, mientras Correa encabeza a cuatro fuerzas que defienden el No.
En el caso de la pregunta que propone eliminar la reelección ilimitada para todos los cargos electivos, Correa entiende que de ese forma se busca evitar que pueda postularse nuevamente como candidato presidencial.
Además, los seguidores del exmandatario consideran inconstitucional la pregunta sobre la nueva composición del Consejo de Participación y Control, con facultades sobre todos los poderes del Estado, y que quedará integramente formada por miembros del Ejecutivo.