Los ánimos están caldeados y la desesperación se apoderó de todos. Se trata de los 50 porteros que prestan servicio en distintas dependencias del Gobierno provincial y que hace dos meses están de paro sin cobrar el sueldo, porque la empresa privada que los contrató no les abonó nada.
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Los ánimos están caldeados y la desesperación se apoderó de todos. Se trata de los 50 porteros que prestan servicio en distintas dependencias del Gobierno provincial y que hace dos meses están de paro sin cobrar el sueldo, porque la empresa privada que los contrató no les abonó nada.
Según contaron los trabajadores, hace dos años comenzaron los problemas con la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, que comenzó a atrasar los pagos en los salarios y se atrasaban hasta el 20 de cada mes para pagar.
El tema es que en diciembre del año pasado se atrasaron sobremanera con el pago de las horas extras y de ahí en adelante también vinieron los incumplimientos con el pago de los salarios, ya que empezaron a pagar en partes.
“Al día de hoy nos deben las horas extras de diciembre y el sueldo de marzo, del que nos pagaron un poco hace dos semanas”, contó Luis Díaz, uno de los trabajadores que está en el reclamo.
El hombre contó que hubo conciliaciones con la empresa, donde solo se había arreglado que los trabajadores no iban a hacer horas extras, para que no creciera la deuda, sino que se iba a pagar el sueldo limpio. El tema es que la Asociación tampoco cumplió esto.
Ahora el conflicto parece sin salida, la empresa no le paga a los trabajadores, que hace 60 días están haciendo paro y realizan cortes de calle casi a diario en Sarmiento y Entre Ríos.
Este diario consultó en el Ministerio de Salud sobre cuál era la situación. Desde esta cartera, señalaron que ellos están al día con los pagos a la empresa, por lo que los que están en falta con los trabajadores son los de la empresa.
Además, adelantaron que rescindirán el contrato con la empresa que hasta ahora prestaba servicio de vigilancia y portería en el Hospital del Milagro, el centro de rehabilitación, las oficinas de Salud Mental, plan Nacer, el área de automotores de la Provincia, el Cepris, dos centros de salud, entre otras oficinas.
Familias, en el medio
“La situación es delicada y estamos al límite. Hay una gran cantidad de compañeros que los están desalojando. Esta situación hizo que las familias estén desmembradas”, contó Díaz. Además, señaló que la empresa, además de no pagarles el sueldo, le debe a la AFIP, a la obra social. “Son un desastre, nos ofrecen retiros voluntarios y no tienen con qué pagarlo”, dijo.
La situación es más preocupante porque la empresa también presta servicio en el Centro Cívico Municipal, la Ciudad Judicial y el IPS.
En total son 250 los trabajadores contratados, y ahora están en alerta ante lo que pueda pasar.