Trabajadores del ingenio San Isidro, ubicado en la localidad salteña de Campo Santo y que permanece cerrado desde hace cuatro meses, ingresaron pacíficamente a la planta "en defensa" de sus fuentes de trabajo y ante el silencio de los directivos de la empresa.
Los obreros manifestaron hoy la “irrevocable decisión de defender” sus fuentes de ingresos y trabajo, ante “el silencio de los directivos de la empresa y la pasividad cómplice de las autoridades provinciales y nacionales”, según lo definió Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (Soeasi).
inicia sesión o regístrate.
Trabajadores del ingenio San Isidro, ubicado en la localidad salteña de Campo Santo y que permanece cerrado desde hace cuatro meses, ingresaron pacíficamente a la planta "en defensa" de sus fuentes de trabajo y ante el silencio de los directivos de la empresa.
Los obreros manifestaron hoy la “irrevocable decisión de defender” sus fuentes de ingresos y trabajo, ante “el silencio de los directivos de la empresa y la pasividad cómplice de las autoridades provinciales y nacionales”, según lo definió Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (Soeasi).
Los trabajadores ingresaron hoy, pacíficamente y con su vestimenta laboral, a la planta ubicada en la localidad salteña de Campo Santo, a 50 kilómetros de la capital salteña, y comenzaron a ordenar el lugar “porque ya se agotaron los tiempos de espera”.
Se trata del ingenio más antiguo del país y uno de los principales complejos productivos de la región, que fue cerrado en enero pasado, sin aviso previo, por el grupo multinacional de origen peruano Gloria.
Cuenca agregó que, “como ya lo dijimos en varias ocasiones, siempre buscamos el diálogo con los responsables de la empresa y con los gobiernos nacional y provincial para lograr una salida conveniente para todos, pero no fuimos escuchados”.
Luego, recordó que ante la inexplicable decisión del grupo Gloria de “no vender ni arrendar” para poder comenzar la zafra 2018, “presentamos en la Legislatura salteña un proyecto de expropiación basado en leyes preexistentes y vigentes en la provincia, que no se tomó en cuenta”.
El dirigente gremial aclaró también que “no es la paciencia de los trabajadores lo que se ha acabado, sino los tiempos en que debe comenzarse con la zafra”, y sostuvo que “incluso estamos en condiciones de informar a todo el país que hoy existen inversionistas concretos que quieren hacerse cargo del negocio y comenzar la zafra y la producción”.
En este sentido, detalló que “una expropiación por parte del gobierno provincial no representaría un gasto para el erario público, ya que los costos estarían a cargo de los inversores”.
Cuenca señaló que “es insólito que no quieran vender, no quieran arrendar y no quieran que otros empresarios inviertan y reactiven esta empresa, que tiene todos los atributos necesarios como para generar no solamente una reapertura sino además un crecimiento de su producción y capacidad de exportación”.
El dirigente azucarero explicó que “en numerosas ocasiones, tanto en forma personal y por otras vías de comunicación, le he pedido al gobernador Juan Manuel Urtubey que se ponga al frente de las soluciones, y no he recibido ninguna respuesta que haga vislumbrar aunque sea un principio de arreglo de esta situación, que afecta a miles de familias de muchas localidades del departamento General Güemes”.
Cuenca advirtió que “no solamente estaremos aquí, sino, a través de la solidaridad ya demostrada del movimiento obrero salteño, de organizaciones sociales y políticas, y de la mayoría de la población salteña, estaremos en las calles de la capital provincial, en las rutas que conectan a las distintas ciudades y poblaciones, para que no nos conviertan en pueblos fantasmas con millares de pobladores expulsados de sus trabajos, de sus tierras y de nuestra provincia”.
El ingenio San Isidro, fundado en 1760, anunció en enero pasado el cese de sus actividades y el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por razones de orden económico, financiero y laboral, y aseguró que mientras duraba el proceso los 730 trabajadores iban a cobrar sus haberes sin concurrir a cumplir con sus tareas laborales.