La semana pasada el juez de la Corte Fabián Vittar presentó en diferentes medios salteños los avances en el proceso de digitalización de los expedientes judiciales. En ese marco habló con El Tribuno no solo de ese punto, sino también de cómo afecta a su ámbito la recesión económica del país, entre otros temas.
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La semana pasada el juez de la Corte Fabián Vittar presentó en diferentes medios salteños los avances en el proceso de digitalización de los expedientes judiciales. En ese marco habló con El Tribuno no solo de ese punto, sino también de cómo afecta a su ámbito la recesión económica del país, entre otros temas.
¿Cómo avanza el proceso de digitalización de la Justicia?
Iniciamos fuertemente el proceso de digitalización del expediente judicial. Este mes licitamos la construcción de un data center, que es la estructura de tecnología que va a permitir introducir todos los datos de los expedientes judiciales, será como el cerebro de la digitalización. Lo que antes estaba en papel va a estar en un estado virtual en este data center. Es muy costoso, pero con mucho esfuerzo podemos hacerlo. Mientras avanzamos con eso ya hemos concluido algunos módulos de tecnología que permitan acceder a la digitalización del expediente, como por ejemplo las notificaciones electrónicas. Así, las notificaciones que se hacían por papel, utilizando oficiales de Justicia, ahora directamente se pueden hacer con un clic en la computadora. Las resoluciones, decretos y sentencias judiciales se notifican a los domicilios online de los estudios de los abogados, quienes pueden a su vez acceder a las bases que permitan leer las sentencias o los decretos. Esto ya lo implementamos en 2017 en la Corte de Justicia y este año avanzamos con muchísimo éxito en todos los juzgados laborales. Eso nos ha permitido ganar con solo ese detalle más de cuatro meses en los tiempos de trámites de los expedientes. Ahora está previsto para octubre o noviembre de este año que la notificación electrónica se efectivice en los once juzgados civiles y comerciales del distrito centro.
¿Cuándo estaría operativo el data center?
La construcción del data center se va a hacer en el segundo piso del nuevo edificio de la Ciudad Judicial. Se tiene que construir la parte del tipo civil, cableado y refrigeración de alta tecnología y después se instalarán las máquinas. Calculamos que empezará a funcionar el año que viene en el primer semestre. Mientras tanto, estamos avanzando en todo lo que es digitalización y eso significa que los abogados van a poder presentar sus escritos judiciales, no ya por papel en el juzgado sino hacer presentaciones desde sus estudios al expediente. Con la firma digital que ellos van a tener, que hoy sí tienen nuestros jueces y secretarios, van a presentar escritos directamente en el expediente que va tener un desarrollo ciento por ciento virtual.
Lo cambio de tema. Se están implementado fuertes ajustes de gastos en todo el Estado, tanto nacional como provincial, ¿cómo se lleva adelante esa medida en la Justicia salteña?
De manera igual, nosotros somos parte de un poder del Estado y la restricción de los recursos nos afecta fuertemente. Tratamos de no perder calidad en la gestión que estamos llevando adelante, pero realmente se siente el ajuste en diversas situaciones. Tenemos muchos juzgados aprobados por ley, que son absolutamente necesarios para funcionar y que no se pueden implementar por falta de recursos. Por ejemplo, tenemos seis juzgados laborales, lo mismo que en 1984 cuando se crearon, con lo cual no dan abasto frente al aumento de la población y la litigiosidad. Así como ese ejemplo hay muchos juzgados aprobados por ley, ya autorizados por la Legislatura, pero que tienen lamentablemente la restricción presupuestaria como así también la designación de personal, restricción en los insumos, en la compra misma de tecnología. Todo, la verdad, es un problema, pero bueno, somos parte de una situación especial de la Argentina.
El Gobierno provincial empezó a propiciar reuniones con dirigentes políticos por el tema de una posible reforma constitucional, ¿cuáles son sus expectativas sobre que se pueda avanzar por ese camino para la inmovilidad de los jueces de la Corte?
Nosotros no participamos de esa discusión que se está dando en el ámbito de la política, no es un tema el que nosotros intervenimos, para nada.
¿Y como cayó entre sus pares el pedido de juicio político que se hizo en la Cámara de Diputado contra Guillermo Catalano (presidente de la Corte) justamente sobre ese tema? (Diputados lo denunciaron por no haber rechazado dos acciones populares de inconstitucionalidad porque los jueces no son vitalicios en Salta y por la conformación de una Corte ad hoc de conjueces para que definan sobre el tema. Finalmente, la denuncia contra Catalano fue desestimada).
Él no planteó esto. Se planteó como una acción judicial, que tiene un procedimiento del que nosotros estamos excusados, porque, justamente, cualquier decisión que se tome en ese sentido estamos nosotros en ejercicio de nuestros cargos. Es una acción judicial autónoma.
¿Qué opinión tiene sobre las iniciativas que apuntan a avanzar al juicio por jurado en Salta?
Hubo un impulso hace un tiempo sobre el juicio por jurado pero no prosperó. Las dos experiencias de Argentina sobre este tema, en Córdoba y Buenos Aires, no han sido lo que se buscaba en relación al objetivo. Creo que es un tema que no es prioritario para nadie.
¿Estaría de acuerdo con el juicio por jurado?
El juicio por jurado tiene un principio de que la justicia radica en el pueblo y por eso Estados Unidos hace tanto hincapié en estos procedimientos, pero fíjese que en ese país los juicios por jurados representan el 3% de los juicios. Son muy pocos, pero más que nada lo hacen para mantener ese esquema del origen de donde radica la Justicia. En Córdoba son dos juicios al año y sobre delitos complejos o de mucho impacto en la sociedad. Creo que nosotros tenemos que buscar poner el mayor esfuerzo posible en ampliar la base de acceso de los ciudadanos a la Justicia y también la salida rápida de la situación judicial. Los conflictos deben tratar de resolverse lo antes posible en el primer escalón del problema. Para mí el juicio por jurado no es prioridad frente a la necesidad de avanzar en otros sistemas que permitan avanzar en solucionar los conflictos en el primer nivel, como por ejemplo mediación, arbitraje y que los procesos judiciales se terminen lo antes posible.
¿Cuál es su opinión de lo que está pasando en la Justicia nacional que ahora parece ir sobre exfuncionarios y empresarios por causas de corrupción?
Celebro que la Argentina puede profundizar estas situaciones, pero que sirvan para construir a futuro, eso es la clave. Cuando empiezan a pasar estas cosas me lamento de por qué antes no podía ser y esto justamente hace a la independencia del Poder Judicial, a la necesidad de fortalecer las instituciones del país y ésta debe ser la tarea de todos los argentinos, independientemente de donde estemos hoy. Cuando algunos dicen que antes no podían actuar porque tenían presión política, lo que hay que buscar es fortalecer institucionalmente a los poderes para que no puedan ejercer sobre ellos ningún tipo de presión y es lo que creo puede salir de bueno en la Argentina en el futuro.
¿Y por qué piensa que en Salta no hay avances de la Justicia en investigaciones sobre el Ejecutivo, como se está viendo a nivel nacional?
Sí hay causas que se están tramitando en los juzgados penales y deben resolverse ahí y si no hay causas es porque no existe ninguna cuestión en esa instancia. Debería haber una instancia judicial en ese sentido que determine el estado de las causas. No sé a qué causa se refiere...
Digo a nivel general...
No vi ninguna causa en la que no se haya resuelto lo que tenga que resolverse.
Me refiero a que tampoco se propician investigaciones sobre las actuaciones del Ejecutivo, un poco de lo que se da ahora a nivel nacional.
Todo el mecanismo institucional depende de una denuncia y de una actuación fiscal, si no hay denuncia el fiscal no interviene y de oficio puede haber algunas causas pero no las conozco. El Ministerio Público Fiscal tiene, usted sabe, autonomía de requerimiento fiscal frente a la posibilidad de delitos.
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