Las exorbitantes subas aplicadas en las cuotas de los planes de ahorro de distintas terminales automotrices, además de ahogar a cientos de familias en Salta, han empezado a incidir en un notorio incremento de remises ilegales.
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Las exorbitantes subas aplicadas en las cuotas de los planes de ahorro de distintas terminales automotrices, además de ahogar a cientos de familias en Salta, han empezado a incidir en un notorio incremento de remises ilegales.
En medio de la crisis inflacionaria y recesiva que reflotó al “auto compartido”, especialmente a nivel interurbano, muchos ahorristas con vehículos adjudicados quedaron con la soga al cuello.
Con las cuotas incrementadas un 300% en poco más de un año, el sueño del auto se convirtió para muchos en una verdadera pesadilla, porque el plan les come hasta el 75% de sus sueldos.
En medio de semejante escenario, cada vez son más los que tienen automóviles adjudicados y los ponen a trabajar como remises ilegales, para evitar que sus autos terminen embargados y rematados en una subasta judicial.
Esto que parece una exageración es una cruda realidad que agentes de la Policía Vial perciben desde hace varios meses en los dispositivos de control.
El titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Federico Hanne, a quien remiseros y taxistas piden mano más firme contra los servicios ilegales, señaló que “solo en febrero se secuestraron 60 remises ilegales”. El funcionario aseguró que “la Policía Vial realiza una destacada labor que muchas veces no se aprecia en toda su dimensión, porque a medida en que se incrementan las cuotas de los planes de ahorro cada vez más automóviles particulares acaban en las calles como remises ilegales.
Con respecto a la cantidad de servicios marginales, Hanne recalcó que no existen elementos que permitan estimar una cifra cierta, pero consideró que el número sería muy inferior a los 4.000 que denuncian taxistas y remiseros al unísono.
Sobre los allanamientos pendientes en las remiseras ilegales detectadas, Hanne subrayó que “la AMT es un órgano de regulación que no tiene facultades para allanar domicilios”. En tal sentido, recordó que una medida de tal naturaleza solo puede emanar de un órgano judicial competente, a través de una resolución fundada, en el marco de procesos penales.