El fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2017 sacó de la currícula de las escuelas públicas la materia religión sigue teniendo efectos. Es que el sistema educativo de Salta tiene 608 docentes que daban esta materia, de los cuales 450 son interinos y suplentes que hoy en día temen por su continuidad laboral para el próximo año.
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El fallo de la Corte Suprema de Justicia que en 2017 sacó de la currícula de las escuelas públicas la materia religión sigue teniendo efectos. Es que el sistema educativo de Salta tiene 608 docentes que daban esta materia, de los cuales 450 son interinos y suplentes que hoy en día temen por su continuidad laboral para el próximo año.
El conflicto se generó cuando hace unas semanas, mediante una circular, desde el Ministerio de Educación les pidieron a las docentes de religión que anotaran sus antecedentes en la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina, para que ingresen en el cuadro de designaciones el año venidero. Esto hizo explotar a las maestras.
Una vez que se comenzó a aplicar a pleno el fallo de la Corte Suprema, a principio de 2018, religión se comenzó a dictar a contraturno del horario escolar, por lo que decreció de manera pasmosa la cantidad de niños que concurren a tomar clases de religión. De acuerdo a los sondeos, el año pasado se terminó con apenas el 8% de los alumnos de primaria tomando estas clases. Esto fue así, y ante la superpoblación de docentes de religión y para mantener las fuentes de trabajo, mediante dos resoluciones, se les garantizó la fuente de trabajo en 2018 y este año.
Las que no tienen lugar para dar clases de religión por el escaso número de chicos, comenzaron a realizar distintas tareas en los establecimientos. Para esto, el Ministerio de Educación dictó dos capacitaciones: de acompañamiento a las trayectorias escolares y la otra, de acompañamiento a la gestión institucional. Ambas demandaron tomar clases por hasta 90 horas reloj.
Incertidumbre
Ahora las interinas y suplentes comenzaron a movilizarse y mantuvieron reuniones con diputados y funcionarios de Educación. Uno de los pedidos es que las titularicen, pero no como docentes de religión, porque aseguran que ya no está en la currícula; pero piden pasar a planta como celadoras o ayudantes pedagógicas de las maestras en los grados.
Las docentes aseguran que al anotarse en Junta entrarán en una lotería que puede hacer que maestras que tienen 15 años en el sistema queden afuera. Aseguran que muchas de estas profesionales tienen más de 50 años, hay otras con tratamientos oncológicos y muchas son el único ingreso de sus hogares.
Tras reunirse ayer con un grupo de diputados provinciales, encabezado por el presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, señalaron que el lunes se encontrarán con la ministra de Educación, Analía Berruezo, con quien se analizará el tema de una posible titularización.
En tanto, El Tribuno dialogó con Ana Herrero, quien es la supervisora de núcleo. La funcionaria señaló que desde Educación se trabaja en todo momento para mantener las fuentes de empleo, pero señaló que hoy en día no pueden asegurar que vayan a quedar todos los docentes, ya que a fin de año se hará un análisis pormenorizado de la realidad de la enseñanza de religión en la provincia.
"Nunca podemos garantizar cuántas vacantes podemos tener en 2020. Yo no puedo adelantarme. Esto es materia de análisis a fin de año, cuando tengamos todos los datos y cantidad de vacantes, cuadros, capacitaciones y también cómo se dictaron las clases en las instituciones", dijo Herrero, quien agregó: "Nosotros siempre hemos trabajado desde todos los aspectos para asegurar el trabajo de las docentes aún después del fallo de la Corte, lo que queremos es mantener las fuentes de trabajo".