Ayer al mediodía, el arzobispo Mario Cargnello emitió un comunicado en el que aseguró que colaborarán para conseguir las actas eclesiásticas reclamadas por la Justicia, pidió perdón a las víctimas, aclaró que están de su lado, y que los sacerdotes deben ser juzgados como cualquier otro ciudadano.
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Ayer al mediodía, el arzobispo Mario Cargnello emitió un comunicado en el que aseguró que colaborarán para conseguir las actas eclesiásticas reclamadas por la Justicia, pidió perdón a las víctimas, aclaró que están de su lado, y que los sacerdotes deben ser juzgados como cualquier otro ciudadano.
En medio de la discusión que despertaron los procesos judiciales por abusos eclesiásticos, reconoció que las leyes canónicas no están por "encima ni al margen" de las leyes del país. Además, dio a conocer un breve protocolo en el que aseguran que derivarían las denuncias a la Justicia penal.
En la causa del cura José Carlos Aguilera, la entonces fiscal a cargo, Luján Sodero, pidió las actas del juicio canónico que está cerca de concluir. Sodero justificó sus pedidos en que mientras que en la Justicia penal se habían radicado dos denuncias, en el ámbito eclesiástico llegarían a cinco. "Podrían, como en el caso Rosa Torino, testificar como testigos y no como víctimas", indicó. El fiscal Obeid, del caso Emilio Lamas, también pidió las actas del juicio eclesiástico contra el cura, proceso en el que se autoinculpó y terminó con su expulsión del sacerdocio. En ese juicio también habrían habido más víctimas que las registradas en el fuero penal.
Ante los pedidos de actas, el arzobispado se amparó en el derecho canónico "reconocido" por el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado argentino en 1966, y derivó la solicitud a Roma. Ante la negativa, ambos fiscales solicitaron allanar el Arzobispado, pero los jueces también echaron mano al Concordato y negaron los pedidos. Sodero además advirtió sobre el "beneficio de las domiciliarias" que se otorgaron a los sacerdotes. Por su lado, el procurador Abel Cornejo puso bajo la lupa que "estas causas caen en la misma Sala de Impugnación".
"Los clérigos de la Iglesia Católica son también ciudadanos de este país y, por lo tanto, han de cumplir la ley como cualquier otro. No debe haber para ellos excepciones. Debemos explicar que la justicia canónica no está al margen ni mucho menos por encima de la estatal", aclaró el comunicado.
En el protocolo ante denuncias de abusos, Cargnello indicó que ante una solicitud de la Justicia de las actas eclesiásticas, el mismo arzobispado se encargaría de tramitarlo. En dicho protocolo también se estableció que instarán a los denunciantes a realizar las denuncias por abuso ante las autoridades pertinentes. En caso de tratarse de un menor, y al ser un delito perseguido de oficio, se informará a las autoridades penales luego de la investigación canónica preliminar. "Siempre que no se establezca el secreto de sumario, se avisará también a la comunidad correspondiente", se aseveró.
El comunicado agradeció a las víctimas por denunciar, y solicitó que quien haya sufrido "cualquier tipo de abuso sexual de parte de ministros de la Iglesia se anime a denunciarlo".
Protocolo de actuación ante las denuncias presentadas por presuntos delitos cometidos por clérigos en esta Arquidiócesis contra niños, niñas, jóvenes o personas vulnerables: