La Fundación Salvemos Vidas impulsa la creación de un registro público de conductores inhabilitados en la provincia de Salta, con el objetivo de darle publicidad a quienes han sido inhabilitados para conducir un vehículo luego de un proceso judicial y de una sentencia que incluya la inhabilitación por un tiempo determinado.
inicia sesión o regístrate.
La Fundación Salvemos Vidas impulsa la creación de un registro público de conductores inhabilitados en la provincia de Salta, con el objetivo de darle publicidad a quienes han sido inhabilitados para conducir un vehículo luego de un proceso judicial y de una sentencia que incluya la inhabilitación por un tiempo determinado.
Según confirmaron desde la organización social, que lleva más de 10 años trabajando en la provincia en materia de seguridad vial, el proyecto busca generar un mecanismo de control social y del Estado de manera más eficiente.
"Durante años pudimos conocer muchos casos de familiares de víctimas en siniestros viales en los que, después de una condena mínima, esos mismos familiares o terceros podían ver a los inhabilitados conduciendo vehículos, pese a que pesaba sobre ellos una inhabilitación judicial", afirmó la representante legal de la fundación, la doctora Paula Zurita.
En su espíritu, el proyecto no busca generar nuevos procesos de burocracia administrativa judicial ni estatal, sino un registro que permanezca actualizado y público a través de la página del Poder Judicial, donde se puede consultar la información de manera permanente.
En este sentido, la doctora Zurita agregó que tampoco se requiere de la emisión de ningún certificado por parte de la Justicia.
Control efectivo policial
De ser creado, el registro podría ser consultado por cualquier ciudadano, y también por las autoridades que deben realizar el control.
"La actualización de este registro y su publicidad permanente también será de suma utilidad para que desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial puedan actualizar los datos de tales conductores inhabilitados, y los efectivos policiales de seguridad vial y de la Municipalidad que realizan controles cotidianos accedan a esta información en línea", dijo Zurita.
La letrada explicó: "Sabemos que un proceso judicial penal desde su inicio hasta su finalización dura aproximadamente entre 4 y 6 años, con lo cual el conductor al no estar inhabilitado mientras dure el mismo continúa conduciendo".