En el primer día tras la última etapa de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 reaparecieron las protestas presenciales de los y las docentes por la situación de la ADP (Asociación Docente Provincial) Ayer un sector político se concentró frente a la sede sindical de Juramento 99 con las leyendas "que se vayan todos" y "profesores estafados" en sus pancartas.
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En el primer día tras la última etapa de aislamiento social por la pandemia de COVID-19 reaparecieron las protestas presenciales de los y las docentes por la situación de la ADP (Asociación Docente Provincial) Ayer un sector político se concentró frente a la sede sindical de Juramento 99 con las leyendas "que se vayan todos" y "profesores estafados" en sus pancartas.
Tribuna Docente llegó a las 11 con carteles que acusaban a la exsecretaria general de la ADP, Patricia Argañaraz, y a su tesorera, Marita Cerezo, por "estafar" a los afiliados y al sindicato. La extitular fue apartada de la conducción del gremio por denuncias sobre manejos irregulares, en un proceso que algunos sectores cuestionaron. Quedó a cargo la comisión directiva (CD).
Desde el ala docente del Partido Obrero no pueden entender que Argañaraz sola haya cometido los supuestos ilícitos sin que la comisión directiva estuviera al tanto de todos los movimientos. Apuntan en particular a la tesorera, Marita Cerezo, y sostienen que "no podría haber habido estafa alguna sin su firma".
"El pedido concreto es que se convoque a una asamblea extraordinaria para sacar también a la comisión directiva completa. Invocamos el artículo 30 de la ADP, que dice que solo mediante una asamblea extraordinaria se puede separar a la comisión directiva si no cumple con su función de realizar su trabajo en favor de los afiliados y de la institución. Y esta comisión fue cómplice de la estafa en el fideicomiso Virgen de Urkupiña, entre otras irregularidades. Se tiene que llamar a una asamblea ahora y comenzar el proceso para elegir a la junta normalizadora para que se convoque a elecciones en un plazo de 90 días", dijo Carmen Venencia, de Tribuna Docente.
"También nos negamos rotundamente a la intervención sindical porque es probable que se mantenga la estructura de poder para seguir utilizando el capital sindical para beneficio de unos pocos", concluyó Venencia.
También estuvo en la protesta presencial Adriana Mamaní, quien acusa a la CD por "estafas" en el loteo Virgen de Urkupiña, donde 120 afiliados adquirieron terrenos y denuncian que fueron estafados.
"Yo tuve que vender hasta el tobogán de mis hijos para juntar la plata para entrar al terreno. Yo tengo todos los papeles firmados, ordenados y dispuestos en la Justicia en donde dice claramente que yo pagué 145 mil pesos, en el año 2017, por el lote 4 de la manzana 318 del loteo Aires de los Andes, en el km 18 de la ruta nacional 51. Ahora me entero de que los andan vendiendo nuevamente a esos terrenos por internet. Fueron estos sinvergenzas los que me hicieron vender mi auto a ellos mismos a un menor precio para llegar con el dinero. Vendí el lavarropas, la heladera y los juegos de jardín de los chicos", dijo Mamaní, que es profesora de Nivel Medio.
Varios docentes aseguran que coinciden los lotes que ya estaban vendidos en el loteo con los que supuestamente se están ofreciendo por internet a 1.500.000 pesos, es decir, a un valor 10 veces más alto de lo que se pagaron en 2017.
El camino judicial
La primera denuncia ingresó a la Justicia en un caluroso diciembre de 2018 de la mano de la gente de Tribuna Docente por supuestas estafas a los afiliados de la ADP en el loteo Aires de los Andes.
En octubre de este año, el fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó provisionalmente a Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas (22 hechos), en concurso real y en calidad de coautoras. También fueron imputados por los delitos de estafas reiteradas (22 hechos) y de administración fraudulenta, pero en calidad de partícipes necesarios, Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi.
El fiscal Flores verificó, prima facie, que las imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de secretaria general y tesorera de la Asociación Docente Provincial Salta, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del fideicomiso de administración al costo "Virgen de Urkupiña I". Por su parte, Raúl Dante Argañaraz, hermano de la exsecretaria general, era fiduciario sustituto en la entidad y, luego, fiduciario. Mientras que Nicolás Demetrio Zissi actuaba como asesor y en cargado.