El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al exjefe comunal de Aguaray, Jorge Enrique Prado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, tal como adelantó El Tribuno. La audiencia de imputación se celebró ayer en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial. Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó el fiscal Cazón.
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El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, imputó al exjefe comunal de Aguaray, Jorge Enrique Prado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, tal como adelantó El Tribuno. La audiencia de imputación se celebró ayer en forma remota debido a que Prado se encuentra en la capital provincial. Por esa vía, el exjefe comunal se presentó con abogado particular y se abstuvo de declarar. Sobre ello, se dejó constancia en un acta que firmó el fiscal Cazón.
El fiscal penal inició de oficio la investigación penal, a partir de las declaraciones públicas del comisionado interventor del departamento Ejecutivo del municipio de Aguaray, Adrián Ariel Zigarán, referidas al déficit y endeudamiento generado en ese ámbito por el exintendente Jorge Prado.
Para ello, tuvo en cuenta distintas publicaciones hechas en medios de comunicación, entre las que se precisa que a través de un informe dado a conocer por el interventor del municipio de Aguaray, Adrián Zigarán, el exjefe comunal, Jorge Enrique Prado "recibió en diciembre de 2019 un municipio totalmente saneado y con depósitos bancarios en las cuentas del municipio que alcanzaban los 7.900.000 pesos. Diez meses más tarde y al ser intervenido, el déficit es de 19 millones de pesos, sin que aún se hayan determinado los compromisos que dejó mediante la emisión de cheques diferidos, que tendrán vencimiento en los próximos meses".
Y agrega las publicaciones que motivaron la actuación noticia criminis del fiscal, que "por el momento solo se tiene certezas de que el exintendente de Aguaray se fue dejando una deuda de unos $5 millones con los 300 planilleros, que corresponden a los meses de agosto y septiembre, a los que se suma ya octubre, con lo que el municipio deberá conseguir en forma urgente unos $7 millones".
Entre algunos datos contemplados en la investigación, consta que "más de la mitad de la deuda tiene carácter de delicada y urgente", compuesta por: un descubierto bancario (cubierto con adelantos de coparticipación); plan Aguaray Trabaja (debería cancelarse con urgencia, el mes de agosto se pagó en octubre); retroactivos de sueldos no pagados de febrero a abril; saldos impagos por sueldos de septiembre; remuneraciones adeudadas a concejales (en algunos casos de marzo); retenciones laborales de ATE, UPCE y SOEM y proveedores de bienes y servicios esenciales sin órdenes de pago, con cheques emitidos y rechazados por valores entregados con pocas probabilidades de pagos en el corto plazo, entre otras irregularidades.
El acta de los $8 millones
Si bien la semana anterior la gestión de Zigarán informó que en las cuentas del municipio habían quedado 3 millones y medio de pesos de superávit de la gestión del Dr. Darouiche "el jueves nos encontramos con un acta de traspaso que llevan la firma tanto del Dr. Alfredo Darouiche como de Prado, donde se detalla todo lo que la gestión del doctor le dejaba al ingeniero, entre ellos la suma de casi 8 millones de pesos. A eso tenemos que sumarle que a los trabajadores eventuales se les debe 2 meses de trabajo que son alrededor de 5 millones de pesos, a los 4 concejales de la oposición se les adeuda 5 meses de dieta, se adeuda una fuerte suma en concepto de pauta publicitaria y al resto de los empleados del municipio tanto de planta permanente como de contratados también se les adeuda unos montos retroactivos", dijo el interventor.
Zigarán precisó que "con el objeto de ordenar la administración lo más rápido posible me hice cargo del área de obras públicas, del área social y política y el contador Diego Argañaraz, designado por el gobernador Sáenz, está abocado a trabajar en el área contable financiera por su experiencia".
"Aguaray -consideró Zigarán- es una sociedad que ha venido de muchos meses de estar dividida, enfrentada por cuestiones políticas y hay mucha des confianza y es natural".
Una administración desordenada
El contador Argañaraz detalló algunas situaciones y gastos incomprensibles.
El contador Diego Argañaraz, responsable de organizar el área financiera y contable de Aguaray, en diálogo con El Tribuno precisó que “de la evaluación inicial que realizamos y que nos arroja esas cifras, es evidente que la gestión del exintendente hizo una disposición exagerada en cuanto a egresos, sobrecargando los gastos, si tomamos en cuenta los ingresos a las arcas municipales, lo que nos da la pauta de que era una administración muy desordenada”.
“Sabemos que la pandemia ha golpeado fuerte a las administraciones municipales, pero evidentemente no se supo adaptar. Prado produjo un incremento muy fuerte en la cantidad de eventuales y de trabajadores contratados y seguramente en el transcurso de los días nos vamos a encontrar con más novedades”, agregó.
Argañaraz, más allá de revisar el estado de las cuentas municipales explicó que “estamos trabajando a ver cómo vamos a salir hacia adelante. Esta semana presenté en el Ministerio de Economía un flujo de fondos para hacer una evaluación de cómo vamos a transitar a futuro; no obstante eso y con el objeto de allanarle el camino al trabajo que debe hacer la Auditoría General en la próxima semana, vamos a seguir trabajando sobre los datos y cifras que podamos obtener de esa administración”.
El contador precisó que “por lo que hemos encontrado en estos pocos días de trabajo consideramos que el gasto de combustible resulta totalmente excesivo, tomando en cuenta que el municipio estaba restringuido en su actividad por la pandemia. Por lo que vimos, estimamos que con precios actuales no se puede gastar más de $240.000 pesos por mes de combustible, pero la gestión anterior gastó en 10 meses $4 millones. Nos falta mucho por conocer, pero en este momento necesitamos enfocarnos en cómo vamos a salir adelante”, concluyó.