Alejandro Vandenbroele, uno de los arrepentidos del caso Ciccone (por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou), rompió el silencio en TN Central y aclaró su situación dentro del Programa de Testigos.
inicia sesión o regístrate.
Alejandro Vandenbroele, uno de los arrepentidos del caso Ciccone (por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou), rompió el silencio en TN Central y aclaró su situación dentro del Programa de Testigos.
La fiscal federal Paloma Ochoa requirió hace una semana que se investigue si hubo irregularidades detrás de su declaración como arrepentido, pero Vandenbroele expresó: “Nunca nadie me pagó ni me ofreció dinero para declarar en el juicio por Ciccone”.
Además, Vandenbroele dijo que no recibió un hotel como forma de pago (como en algún momento trascendió) pero que sí recibe una asignación económica dispuesta por la ley: “Cuando uno entra al Programa de Testigos cambia su vida social, familiar y laboral. Estuve mucho tiempo con medidas restrictivas que no me permitían desempeñar mi vida normalmente, y en ese marco se hace una asignación económica según la ley”.
El expresidente de The Old Fund también se refirió a su vínculo con Boudou. “Yo siempre respondí a Núñez Carmona. Entiendo que él y Boudou actuaban en tándem, pero nunca estuve delante de Boudou ni recibí una orden de él. Lo vi una vez que entramos con Núñez Carmona al ministerio de Economía y lo conocí en unas vacaciones en Mar del Plata, pero nunca tuve trato directo ni una conversación”, explicó.
Vandenbroele también afirmó que “Néstor Kirchner sabía de todo esto, pero no puedo asegurarlo sobre Cristina”, en referencia a la intención que hubo de apoderarse de Ciccone, y que “la AFIP era imprescindible para obtener el levantamiento de la quiebra” de la calcográfica, por lo que hubo más gente del Gobierno involucrada.
La Justicia dio por probado que el entonces vicepresidente compró, a través de The Old Fund, empresa de Vandenbroele. Por esa razón, condenó a Boudou a cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.