En una sesión a puertas cerradas convocada por los concejales del municipio de Aguaray se aprobó otorgar un plazo de 4 días (hasta el viernes próximo) para que el intendente Jorge Enrique Prado responda al respecto de la resolución emitida desde la comuna, que autorizó a retirar los caños del gasoducto de la línea NEA, maniobra por la cual la Justicia Federal investiga un millonario robo contra el Estado.
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En una sesión a puertas cerradas convocada por los concejales del municipio de Aguaray se aprobó otorgar un plazo de 4 días (hasta el viernes próximo) para que el intendente Jorge Enrique Prado responda al respecto de la resolución emitida desde la comuna, que autorizó a retirar los caños del gasoducto de la línea NEA, maniobra por la cual la Justicia Federal investiga un millonario robo contra el Estado.
Ayer los concejales sesionaron a puertas cerradas, custodiados por la Policía y Gendarmería y en un clima de tensión, ya que Prado había convocado a empleados municipales a manifestarse frente al Concejo.
El cuerpo de ediles de Aguaray, antes de la pandemia, le había otorgado un plazo de 10 días al intendente para que respondiera en relación con una resolución emitida por el Departamento Ejecutivo Municipal que autorizaba al retiro de los caños por "contaminación al medio ambiente". El jefe comunal había firmado esa resolución a pocos días de asumir como intendente, autorizando el retiro de caños del inconcluso Gasoducto del NEA.
En aquel el momento, el Concejo advirtió una maniobra sospechosa, ya que Prado omitió enviar la resolución al cuerpo deliberativo, aunque el órgano sabía de la existencia de esta resolución.
El Concejo le pidió informes en febrero y Prado respondió que necesitaba 10 días, pero se impuso la pandemia y las restricciones de la cuarentena. En la sesión de ayer, los ediles analizaron otro pedido de Prado en el que solicitaba 4 días más para presentar los informes correspondientes.
Vecinos habían sido convocados a manifestarse en el Concejo por supuestos cupos laborales,
En la manifestación se pudo ver también a empleados municipales que fueron enviados por el intendente municipal para evitar que se realizara la sesión ordinaria. La Policía y Gendarmería custodiaron las instalaciones del Concejo para que los ediles pudieran sesionar a puertas cerradas.
El presidente del cuerpo deliberativo, Guillermo Aleman, y tres concejales son oposición y advirtieron que en base a la respuesta de Prado podrían iniciar un proceso de investigación con la conformación de una comisión especializada que podría obtener los elementos necesarios para iniciar un juicio político contra el intendente, que asumió el mandato en diciembre último.
Una situación de tensión se vive en estos momentos en Aguaray, donde los concejales analizan la conducta y las resoluciones firmadas por el intendente Jorge Enrique Prado autorizando el retiro de los caños del Gasoducto del NEA, en una maniobra millonaria que investiga la Justicia Federal y por la cual el jefe comunal norteño fue imputado.
La tensión en Aguaray se vivió ayer en inmediaciones del Concejo Deliberante. Prado había convocado a seguidores y empleados de la comuna para que se reunieran en las inmediaciones, lo cual fue advertido y señalado por los ediles como una acción intimidatoria por parte del jefe comunal, razón por la cual pidieron resguardo policial.