El ex ministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue enviado hoy a prisión preventiva en la causa por la presunta compra con sobreprecio en España de 170 respiradores para pacientes con coronavirus, junto a otros tres procesados.
Navajas fue enviado a prisión preventiva por tres meses en una cárcel de La Paz, explicó a los periodistas el fiscal Ruddy Terrazas, según consignan el diario paceño Página Siete y la agencia EFE.
La decisión fue tomada por el juez Hugo Huacani, quien había sido detenido el viernes, acusado de "prevaricato" en otra causa, cuando iba a interrogar a los cinco implicados, pero fue liberado ayer por la tarde por un tribunal de garantías constitucionales que rechazó la acusación.
Repuesto en sus funciones, el magistrado dio inicio a una audiencia de caso diez horas, que terminó en la madrugada de hoy.
El fiscal detalló que la prisión preventiva también fue decretada para el ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela; el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y el denominado "testigo clave", Fernando Humérez, quienes fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro por la compra con sobreprecio de 170 respiradores.
Ademas, una ex funcionaria de esa agencia estatal y una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra, fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses, de acuerdo con el fiscal.
La abogada de Navajas, Rosario Canedo, consideró injusta y arbitraria la decisión del juez, por "falta de seguridad jurídica" en un proceso que calificó de politizado, además de advertir del riesgo en prisión para Navajas, de 62 años y que padece una enfermedad crónica del corazón.
Varios abogados de los procesados anunciaron apelaciones a la decisión del juez, que según el fiscal fue tomada en base a documentos, declaraciones y conversaciones telefónicas investigadas.
El caso tiene aristas polémicas no sólo por el presunto hecho de corrupción sino por la detención del juez que investiga la causa, de la que Fiscalía y Gobierno interino niegan cualquier implicación.
Apenas el juez Huacani fue detenido arreciaron las acusaciones de interferencia en la Justicia por parte del gobierno interino de Jeanine Áñez, ante el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva en el poder.
El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del ex ministro sin que fuera preceptiva.
La Cancillería boliviana, por su parte, llamó al cónsul boliviano en Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos cinco millones de dólares.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
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El ex ministro interino de Salud de Bolivia Marcelo Navajas fue enviado hoy a prisión preventiva en la causa por la presunta compra con sobreprecio en España de 170 respiradores para pacientes con coronavirus, junto a otros tres procesados.
Navajas fue enviado a prisión preventiva por tres meses en una cárcel de La Paz, explicó a los periodistas el fiscal Ruddy Terrazas, según consignan el diario paceño Página Siete y la agencia EFE.
La decisión fue tomada por el juez Hugo Huacani, quien había sido detenido el viernes, acusado de "prevaricato" en otra causa, cuando iba a interrogar a los cinco implicados, pero fue liberado ayer por la tarde por un tribunal de garantías constitucionales que rechazó la acusación.
Repuesto en sus funciones, el magistrado dio inicio a una audiencia de caso diez horas, que terminó en la madrugada de hoy.
El fiscal detalló que la prisión preventiva también fue decretada para el ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado, Fernando Valenzuela; el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y el denominado "testigo clave", Fernando Humérez, quienes fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro por la compra con sobreprecio de 170 respiradores.
Ademas, una ex funcionaria de esa agencia estatal y una consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra, fueron enviadas a arresto domiciliario por seis meses, de acuerdo con el fiscal.
La abogada de Navajas, Rosario Canedo, consideró injusta y arbitraria la decisión del juez, por "falta de seguridad jurídica" en un proceso que calificó de politizado, además de advertir del riesgo en prisión para Navajas, de 62 años y que padece una enfermedad crónica del corazón.
Varios abogados de los procesados anunciaron apelaciones a la decisión del juez, que según el fiscal fue tomada en base a documentos, declaraciones y conversaciones telefónicas investigadas.
El caso tiene aristas polémicas no sólo por el presunto hecho de corrupción sino por la detención del juez que investiga la causa, de la que Fiscalía y Gobierno interino niegan cualquier implicación.
Apenas el juez Huacani fue detenido arreciaron las acusaciones de interferencia en la Justicia por parte del gobierno interino de Jeanine Áñez, ante el mayor escándalo de corrupción en los cerca de seis meses que lleva en el poder.
El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el costo pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del ex ministro sin que fuera preceptiva.
La Cancillería boliviana, por su parte, llamó al cónsul boliviano en Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra, que está financiada por el BID con unos cinco millones de dólares.
Bolivia ya pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.