La Mesa de DDHH y la Asociación Pensamiento Penal pasaron hoy por la Legislatura provincial para presentar el informe sobre los casos de violencia institucional en Salta tras el DNU 255 por la pandemia del Coronavirus.
La movida de las organizaciones de DDHH de Salta se realizó en la misma jornada en la que el DNU que le otorga superpoderes a la Policía adquirió fuerza de ley.
“Le presentamos el informe a cada uno de los diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Provincia. Hablamos de la inacción de la Justicia en los casos de denuncias por violencia institucional y cuestionamos a la Legislatura por no haber dado tratamiento al DNU 255 y recién ahora están actuando para sacar la derogación”, dijo Canela Álvarez, representante de HIJOS Salta.
La mayor polémica que origina el DNU 255 es porque otorga más facultades a las fuerzas policiales. En primer lugar prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19”.
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La Mesa de DDHH y la Asociación Pensamiento Penal pasaron hoy por la Legislatura provincial para presentar el informe sobre los casos de violencia institucional en Salta tras el DNU 255 por la pandemia del Coronavirus.
La movida de las organizaciones de DDHH de Salta se realizó en la misma jornada en la que el DNU que le otorga superpoderes a la Policía adquirió fuerza de ley.
“Le presentamos el informe a cada uno de los diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Provincia. Hablamos de la inacción de la Justicia en los casos de denuncias por violencia institucional y cuestionamos a la Legislatura por no haber dado tratamiento al DNU 255 y recién ahora están actuando para sacar la derogación”, dijo Canela Álvarez, representante de HIJOS Salta.
La mayor polémica que origina el DNU 255 es porque otorga más facultades a las fuerzas policiales. En primer lugar prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien “injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19”.
En el centro de los cuestionamientos está el artículo 3º que dice textual: “El Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente”. Además las apelaciones no tienen “efecto suspensivo”.
Eso quedó con fuerza de ley desde ahora y ya está publicado a primera hora, del 30 de junio, en el Boletín Oficial.
Según el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley, el decreto debe ser aprobado por la Legislatura. En caso que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. Y ese plazo se dejó vencer. No se trató en la cámara y ayer llegaron las representantes de todas las organizaciones de DDHH para plantear sus serios cuestionamientos. Ven que se vulneran derechos constitucionales y que de pronto un jefe de policía se convierte en juez. Consideran que la cuarentena dio lugar a toda clase de atropellos por parte del Estado.
“Ya realizamos las presentaciones formales a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de Seguridad de la provincia, la Procuración General, la Corte de Justicia y el Concejo Deliberante de la capital salteña. Desde la Justicia nos dijeron, nos aseguraron, nos juraron que van a abordar el tema. Esperamos que cumplan porque debemos decir que todo indica que en la Legislatura dejaron vencer los plazos”, dijo Álvarez.
Convocatoria
En el marco de esta semana convulsionada, desde HIJOS Salta y Asociación Pensamiento Penal convocaron a una conferencia de prensa para mañana para informar sobre las consecuencias que ya tuvo hasta hoy el DNU que se convirtió en ley.
“Queremos visibilizar los hechos de violencia de policial ocurridos tras el decreto 255/20 y convocar a la comunidad a denunciar la violencia policial que se vive en estos tiempos. Estos informes serán enviados también ante autoridades provinciales, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación”, advirtió el abogado de APP, Martín Plaza.
La conferencia se brindará mañana, desde las 10 hasta las 12, en Jujuy 59. Se tratan de 16 casos testigos de violencia institucional que ocurrieron desde la creación del DNU 255 por la cuarentena por el coronavirus.
Para el mediodía habrá una teleconferencia con autoridades nacionales donde se presentará el informe y se detallarán los casos y su estado.
Participarán el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski; y el titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda.