Condenados por delitos graves, Francisco Javier Terrón Villagrán y Aldana Leiseca volvieron a recibir beneficios por parte de la Justicia provincial. El primero, abogado, recibió la libertad condicional tras haber sido penado en 2016 con 5 años y 9 meses de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una menor de 8 años, abuso sexual simple contra P. F. y distribución y facilitación de pornografía infantil, todo en concurso real. Mientras que Leiseca en 2015 fue condenada a 8 años de prisión por el homicidio simple con dolo eventual de Sabrina Berton (17) ocurrido el 14 de marzo de 2008, ahora le dieron la “semilibertad” y “salidas transitorias”. Al conocerse las libertades para ambos penados, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, decidió crear la Unidad Fiscal para analizar e investigar los supuestos beneficios concedidos a los condenados.
“Para adoptar tal decisión, el procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro”, informaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.
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Condenados por delitos graves, Francisco Javier Terrón Villagrán y Aldana Leiseca volvieron a recibir beneficios por parte de la Justicia provincial. El primero, abogado, recibió la libertad condicional tras haber sido penado en 2016 con 5 años y 9 meses de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una menor de 8 años, abuso sexual simple contra P. F. y distribución y facilitación de pornografía infantil, todo en concurso real. Mientras que Leiseca en 2015 fue condenada a 8 años de prisión por el homicidio simple con dolo eventual de Sabrina Berton (17) ocurrido el 14 de marzo de 2008, ahora le dieron la “semilibertad” y “salidas transitorias”. Al conocerse las libertades para ambos penados, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, decidió crear la Unidad Fiscal para analizar e investigar los supuestos beneficios concedidos a los condenados.
“Para adoptar tal decisión, el procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro”, informaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.
A cargo de la nueva Unidad estarán los fiscales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, quienes asumirán los trámites de la causa. El objetivo, según el procurador, es aprovechar los recursos humanos disponibles y “favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar”, en ese sentido los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia confieren las atribuciones para que desde el Ministerio Público lleven a cabo dicho ejercicio.
El juez de Ejecución de 1ª Nominación, Rodolfo Darío Quinteros, oriundo de Tartagal, es quien se encargó de otorgar los beneficios a ambos condenados. Y si bien los beneficios se encuadran en un marco legal donde tanto Villagrán como Leiseca hicieron uso de sus derechos, la incertidumbre se genera cuando se observa en retrospectiva y se tiene en cuenta que no es la primera vez que ambos son objeto de beneficios.
La mujer que asesino de un tiro en la cabeza a la menor Sabrina Berton, Aldana Leiseca, recién fue privada de su libertad después de un largo proceso de lucha por parte de la madre de la víctima, Roxana Belbruno, y, en su momento, la intervención del actual procurador general.
Pero, a los pocos meses de estar en prisión también recibió ayuda, en ese entonces por parte del actual juez de Ejecución 2ª Nominación, Martín Martínez, quien le otorgó un permiso para salir a hacer deporte. Cuando Leiseca debía tener cumplido un tercio de la condena para acceder a dicho beneficio.
Desde el MPF recordaron que la “normativa vigente, a través de la ley 7.138 de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los jueces y funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por delito común, mala conducta, retardo de justicia, mal desempeño o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.