La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de la localidad de Aguaray, que busca determinar las responsabilidades del intendente Enrique Prado en el robo de los 35 kilómetros de caños del gasoducto del GNEA, se reunió ayer por la tarde para emitir dictamen y eventualmente mocionar la destitución del intendente de esa localidad, imputado por la Justicia federal por el delito de fraude a la administración pública.
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La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de la localidad de Aguaray, que busca determinar las responsabilidades del intendente Enrique Prado en el robo de los 35 kilómetros de caños del gasoducto del GNEA, se reunió ayer por la tarde para emitir dictamen y eventualmente mocionar la destitución del intendente de esa localidad, imputado por la Justicia federal por el delito de fraude a la administración pública.
No sé aprobó la destitución de Enrique Prado porque los concejales opositores no lograron los 5 votos, ellos eran 4. Los oficialistas presentaron un dictamen cuestionando el procedimiento de la comisión investigadora, pero en ningún punto avalan la inocencia del intendente acusado. En la reunión de ayer también se aprobó una resolución haciéndolo responsable con sus bienes al intendente Enrique Prado en caso de que la Justicia lo condene, y que el peso de esta resolución también abarque a quienes impidieron la destitución del cuestionado funcionario. Todo lo tratado en el recinto se aprobó con 4 votos. Lo actuado se girará a las cámaras legislativas, al PEP y a la Justicia federal.
Cabe recordar que Prado, a menos de 2 semanas de asumir, el 23 de diciembre de 2019, emitió una resolución con su firma autorizando a una empresa de Mendoza a retirar 35 km de caños de alta presión del GNEA.