La estafa -por ahora, moral- con los cobros irregulares del ingreso familiar de emergencia no solo provoca un daño material al desviar fondos solidarios hacia los operadores políticos, muestra la fórmula clásica del clientelismo: aprovechar un drama, sobreactuarlo, acusar a la oposición y, en la conmoción, repartir dinero a "troche y moche", sin control.
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La estafa -por ahora, moral- con los cobros irregulares del ingreso familiar de emergencia no solo provoca un daño material al desviar fondos solidarios hacia los operadores políticos, muestra la fórmula clásica del clientelismo: aprovechar un drama, sobreactuarlo, acusar a la oposición y, en la conmoción, repartir dinero a "troche y moche", sin control.
Según la información disponible, Salta recibe en promedio más de un IFE por hogar. Hay gato encerrado. Si se toman en cuenta las cláusulas reglamentarias que estableció el actual Gobierno nacional, hay mucho más que "avivadas" de unos concejales, porque ningún hogar puede recibir más de un IFE, y es muy posible, salvo que una investigación seria demuestre lo contrario, que haya hogares que recibieron tres, cuatro o cinco beneficios.
Ahora: uno de los involucrados es Marcos Vera, el responsable de una de las delegaciones. Un escenario de desmanejo sistemático.
Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció que la situación social es "catastrófica", y dijo que once millones de personas reciben ayuda.
En 2016, apenas asumido el gobierno anterior, Arroyo levantaba la pancarta del hambre. Entonces lo hacía para erosionar al gobierno de Mauricio Macri. Hoy reconoce que hay tres millones de personas que se sumaron a la demanda de asistencia durante la gestión actual.
A pesar de todo, nadie habló aún de intervenir la Anses de Salta.
La situación social es catastrófica, lo era en diciembre; lo era en 2015 -cuando Macri pidió que lo evaluaran por la reducción de la pobreza, y así le fue- y lo era en enero de 2007, cuando decidieron adulterar el Indec para ocultar el crecimiento de la pobreza y la indigencia.
La pandemia, y el escándalo con los IFE, y el contexto político en general muestran que el país y la provincia están demasiado acostumbrados a vivir en "estado de emergencia". Es decir, en estado de discrecionalidad, de manos libres, y donde la pobreza es un pretexto.
Cuando un país no tiene una dirigencia con criterio autónomo, capaz de analizar las posibilidades y el contexto internacional, de deponer los odios y acordar metas comunes, retrocede. Esto es lo que está ocurriendo, desde hace al menos 45 años. La "caída libre" sobrevivió al "populismo" y al "neoliberalismo", los demonios enfrentados en "la grieta".
Ayer, en la página Bloomberg, Patrick Gillespie publicó que Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, enfrenta la posibilidad de un éxodo masivo de multinacionales, que no quieren correr riesgos en un país donde el poder sindical, la volatilidad política, el intervencionismo estatal, sumados a tres años consecutivos de recesión y a la cultura "antibusiness".
Es una información y puede ser cuestionable. pero la medición de julio 2020 de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos, que realiza D'Alessio IROL para IDEA muestra el mismo estado de ánimo. Prevalece la certeza de que el dólar, las tasas de interés y el riesgo país crecerán mucho en los próximos meses. Y los hombres de negocios demandan estabilidad institucional, reforma impositiva y revisión de las condiciones de empleo.
En una reunión virtual realizada hace una semana con la consigna "Cómo transita Salta la pandemia", las exposiciones de representantes de la Salud Pública, la Justicia, el comercio y las universidades dejaron en claro que, pase lo que pase, es imprescindible aplicar los recursos disponibles con racionalidad para afrontar una pospandemia, que estará signada por la digitalización global. Incluida la actividad laboral.
Una crisis social de la magnitud de la que describe Arroyo requiere un plan de gobierno que garantice la inversión. Esto, por ahora, parece una utopía. La emergencia amparó una emisión monetaria que supera los indicadores de las tres últimas décadas. Los subsidios del Estado solo han funcionado cuando tuvieron fuente de financiación y estuvieron orientados a generar empleo genuino y modernización.
No hay margen para la ingenuidad ni para malabarismos verbales.