Mientras el Gobierno de la Provincia afirmó este mediodía que no se tomarán nuevas medidas, distintos gremios estatales reclamaron que se suspenda toda la actividad de la administración pública, por la declaración de transmisión comunitaria de COVID-19 en tres departamentos.
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Mientras el Gobierno de la Provincia afirmó este mediodía que no se tomarán nuevas medidas, distintos gremios estatales reclamaron que se suspenda toda la actividad de la administración pública, por la declaración de transmisión comunitaria de COVID-19 en tres departamentos.
“Se solicita suspender toda actividad en la administración pública provincia, en virtud al último comunicado del COE que declara transmisión comunitaria de coronavirus en Capital, Orán y Tartagal”, señala el comunicado.
Los sindicatos aseguran que se trata de “una situación crítica” y que hay peligrosidad de contagio, por lo que piden suspender la actividad por dos semanas desde hoy martes 26 hasta el 10 de septiembre. La nota presentada al gobernador Gustavo Sáenz fue firmada la ADP, UDA, AMET, UPCN, SADOP y la CTA-T.
No hay que perder de vista que desde marzo pasado, cuando se declaró el aislamiento obligatorio, la administración pública fue el primer sector en cortar la asistencia al trabajo. Es más, hasta el momento no todos están yendo a sus lugares de trabajo y una gran mayoría están con teletrabajo.
En medio de la dura crisis económica que vive el país y Salta, los empleados públicos son los únicos trabajadores que tienen asegurado el sueldo. Toda la actividad privada tiene serios problemas para seguir adelante.
Ahora bien, es difícil pensar que un Estado funcione y brinde servicio con una nula actividad de la administración pública. Es más difícil pensar que se pueda recaudar sin actividad. Y si no se recauda, se dificultará en demasía la supervivencia de la provincia.