Con el mismo argumento que se utilizó a mediados de 2018, la Provincia volvió a extender los contratos de las prestatarias del servicio de Saeta: la incertidumbre. Hace dos años, la anterior administración de Gobierno había decidido suspender la licitación para ocupar los ocho corredores del sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana por la crisis económica que por ese tiempo se empezaba a consolidar y por la caída en los subsidios nacionales para los colectivos urbanos.
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Con el mismo argumento que se utilizó a mediados de 2018, la Provincia volvió a extender los contratos de las prestatarias del servicio de Saeta: la incertidumbre. Hace dos años, la anterior administración de Gobierno había decidido suspender la licitación para ocupar los ocho corredores del sistema de transporte público de pasajeros en el área metropolitana por la crisis económica que por ese tiempo se empezaba a consolidar y por la caída en los subsidios nacionales para los colectivos urbanos.
La idéntica situación que se presenta en la actualidad, sumado al agravante de las restricciones que impone la pandemia del COVID-19, hizo que una vez más se prorrogue el proceso licitatorio y los convenios con las empresas que trabajan para Saeta que habían vencido el viernes pasado.
En el Boletín Oficial, ayer fue publicada la resolución del Ministerio de Gobierno que prolonga por un año (hasta el 1 de agosto de 2021) los contratos de servicio de transporte público e pasajeros con las operadoras de las líneas urbanas e interurbanos de la capital salteña y municipios vecinos. El instrumento legal deja abierta la posibilidad de extender o acortar ese plazo de 12 meses "hasta tanto se adjudiquen las nuevas concesiones de acuerdo al procedimiento licitatorio previsto en la ley de contrataciones vigente", según consigna en el primer artículo de la normativa.
"Estábamos muy avanzados con la licitación, pero obviamente el contexto de pandemia hizo que nos demoremos en temas operativos, pero resuelto eso vamos a estar saliendo antes de fin de año si es posible y todo está bien con la nueva licitación", explicó ante una consulta de radio Salta el presidente de Saeta, Claudio Mohr.
500 mil pasajeros movían por día en promedio los colectivos de Saeta hasta antes de fines de marzo pasado.
Aclaró, además, que se mantienen las mismas condiciones de contratación con las actuales prestatarias de transporte. A saber, el corredor 1 es operado por la empresa Tadelva; el 2, por El Cóndor; el 3, por la UTE (unión transitoria de empresas) Lagos y San Ignacio; el 4 y 6 están a cargo de Transal; el corredor 7 es responsabilidad de Alto Molino y el corredor 8 es de Ahynarca. Las operadoras están bajo el sistema de Saeta desde mediados de 2005.
Efecto pandemia
En la resolución ministerial con la que se prorrogan los contratos de Saeta se detalla que "el impacto de la situación de la emergencia sanitaria en la planificación de los servicios, no permite tener disponible un acabado esquema de requerimientos relativo a esta nueva red de servicios. Esto es, no se podría establecer acabadamente cuál sería la cantidad de kilómetros mensuales requeridos por el nuevo sistema, o la cantidad de coches que necesita cada recorrido para cumplir su frecuencia. Esos requerimientos resultan indispensables para la formulación de un nuevo contrato".
A esa lógica argumentación habría que aportar que la crisis económica dejó en una delicada situación a las actuales empresas prestatarias y con viento en contra a la hora de competir en una licitación con grupos económicos más poderosos, que en tiempos de zozobra es sabido que navegan con ventaja.
De acuerdo a lo que dieron a conocer la semana pasada los transportistas de Saeta a este diario, el sistema de pasajeros funciona a la mitad de su capacidad por las medidas de restricción de circulación que se implementaron como prevención a la enfermedad del coronavirus.
La caída en la recaudación que esa situación conlleva se agudiza por las demoras en los pagos de los subsidios al transporte comprometidos por el Gobierno nacional. Hasta ayer, la deuda de la administración central con la Provincia era de $80 millones.
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