La fiscalía mexicana emitió 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en el sur del país. Entre los prófugos por primera vez hay policías federales y militares. Además, se informó del arresto de un policía federal que ya fue vinculado a proceso.
inicia sesión o regístrate.
La fiscalía mexicana emitió 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición en 2014 de 43 estudiantes en el sur del país. Entre los prófugos por primera vez hay policías federales y militares. Además, se informó del arresto de un policía federal que ya fue vinculado a proceso.
Omar Gómez Trejo, fiscal para el "Caso Ayotzinapa" _el nombre de la escuela de magisterio donde estudiaban los jóvenes_ hizo el anuncio cuando se cumplen 6 años de la masacre que conmocionó a México. Dijo que entre la veintena de prófugos también hay funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR). "Se han otorgado órdenes de detención de militares que se van a ejecutar'', aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. "El que haya participado y se demuestre va a ser juzgado. Ese es un avance, el que no exista encubrimiento''.
La falta de certezas sobre el paradero de los estudiantes mantiene a las familias en la desesperación, pero detener y ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados es un avance, dado el apoyo y la defensa que el presidente ha hecho de las fuerzas armadas.
María Martínez, madre de uno de los desaparecidos, pidió al gobierno "que apriete un poquito más'' la velocidad de los procesos, porque los familiares están "locos de dolor'' después de 6 años de incertidumbre, pero dijo que seguían dándole un voto de confianza.
El 26 de septiembre de 2014 policías municipales de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a los estudiantes en esa localidad y los entregaron a miembros de la delincuencia organizada. Después los estudiantes desaparecieron.
La considerada "verdad histórica'' por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018, del PRI) asegura que los jóvenes fueron asesinados y que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero de un municipio vecino, Cocula. Sostiene que miembros del crimen organizado tiraron luego sus restos a un río cercano, pero esta versión está descartada porque los autores confesos fueron torturados. Alejandro Gertz Manero, fiscal general, consideró probado el "encubrimiento generalizado'' que hizo el gobierno anterior, que según dijo, "cometió detenciones arbitrarias y torturó de forma masiva".
El exfuncionario de más alto nivel que está prófugo y al que se considera uno de los mayores responsables de tal encubrimiento es Tomás Zerón, el entonces jefe de la agencia de investigación federal al que se busca por "tortura y ocultación de desaparición forzada".
Pero Gertz Manero afirmó que además de buscar a Zerón por ser el "vocero oficial y principal orquestador'' de las "mentiras y falsedades'' del gobierno anterior, "cobró y se robó más de mil millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR'' con la "anuencia de sus superiores'' y "como pago por sus infamias''. El cariz de las declaraciones el fiscal señalan el trasfondo político de la puja entre el partido de López Obrador y el PRI de Peña Nieto.