Gasnor solicitó un incremento de su tarifa de casi el 78% a partir de marzo próximo a modo de readecuación tarifaria "de transición" la cual, además, no contempla un plan de inversiones.
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Gasnor solicitó un incremento de su tarifa de casi el 78% a partir de marzo próximo a modo de readecuación tarifaria "de transición" la cual, además, no contempla un plan de inversiones.
En el marco de una audiencia pública impulsada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) celebrada el miércoles último, la prestadora del servicio del NOA reclamó ese porcentaje de aumento en su tarifa.
El representante de Gasnor en la audiencia, Ariel Sánchez, expuso que "el aumento solicitado se refiere únicamente al ítem distribución, que representa el 36% de la factura, mientras que el 64 restante se divide en gas en boca de pozo (36%), impuestos (24%), y transporte (4%)".
Para respaldar su solicitud, el vocero de la empresa detalló que Gasnor "aceleró su proceso de transformación y reconversión tecnológica en el contexto de la pandemia" y que "eso también influyó en los costos de atención al cliente". Sostuvo, asimismo, que "necesitan disponer de recursos para mantener este servicio".
Por otra parte, Sánchez trazó un ejemplo de lo que debiera haber aumentado el gas de acuerdo a la normativa vigente entre febrero del 2019 y febrero de este año, al que situó en 163 por ciento, mientras que el incremento que solicitan es del 77,73%.
Indicó que "el impacto de este aumento será del 37% en usuarios residenciales promedio, por un monto estimado de 324 pesos al mes (se pasaría de pagar 877 pesos mensuales a 1201); 12% para pymes, por un monto de 3.577 pesos más al mes; 3% para industrias por un monto promedio 858 pesos por cada 1.000 metros cúbicos; y 2% para el GNC, por un monto de 581 pesos de aumento cada 1.000 metros cúbicos".
El vocero de Gasnor indicó que la propuesta es una "adecuación uniforme para todas las categorías" y que "como alternativa se propone una adecuación diferente entre cargos fijos y variables solo para los usuarios residenciales".
Zonas frías de Salta
Respecto de un tema de mucho interés en la provincia, que es la tarifa diferencial para zonas frías, Sánchez dijo que "los usuarios con consumo promedio de 62 metros cubo por mes pagan un promedio de 1.170 pesos mensuales, mientras que los encuadrados en zonas consideradas como frías abonarán, por el mismo consumo, 819 pesos al mes".
Agregó que "la política de subsidios del Gobierno nacional para las zonas vulnerables y las zonas frías, abarca a más de un tercio de los usuarios residenciales de Gasnor".
El incremento que solicitó Gasnor representa un nuevo golpe al bolsillo de los usuarios que, en menos de un mes, soportaron las autorizaciones de los incrementos en las tarifas de la luz (21,78% -tres meses antes le habían otorgado entre 24 y 26,5 por ciento-), el agua (28,79%) y el transporte público de pasajeros (25%).
El Defensor del Pueblo rechazó el pedido
El Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, rechazó el porcentaje solicitado por Gasnor por considerarlo “exorbitante”.
Durante su exposición, Nuñez Burgos afirmó: “La posición es oponerse a un aumento que ronde el porcentaje superior al 70%, es exorbitante para la realidad de las familias y, en caso de que se considere un aumento tarifario, debe ser prorrateado de la misma manera que ocurre con el Salario Mínimo Vital y Móvil”.
Nuñez Burgos sostuvo que “no podemos olvidar que tenemos que alcanzar un equilibrio entre el precio de los servicios, la calidad de la prestación y los ingresos de los grupos familiares”.
Respecto del porcentaje solicitado, dijo que “no podemos quedar atrapados, los usuarios y consumidores, la parte más débil de este proceso, en esta trampa inflacionaria que habitualmente nos oprime”.
Núñez Burgos explicó que esta trampa a la que se refiere “tiene que ver con que o los precios son muy altos en pos de que la calidad sea buena, o los precios se mantienen relativamente bajos resignando calidad”, y llamó a “romper esa dinámica que realmente es tremenda para cualquier usuario”.
“Hay que alcanzar, al mismo tiempo, prestaciones de calidad y precios acordes vinculados a los ingresos de los grupos familiares”, dijo.
El Defensor del Pueblo señaló que “los ingresos familiares, independientemente de la zona, se agotan casi plenamente en prestación de servicios, movilidad, energía eléctrica y demás sin tener la posibilidad de destinar ingresos a alquileres, esparcimiento, salud y mejores condiciones de vida”.