"Hasta para robar hay que ser inteligente, y yo me considero un tipo inteligente". Con esa frase, que pronunció sin empacho ante concejales en marzo de 2019, el entonces intendente de Pichanal, Julio Jalit, se ufanó de haber amasado tras estar 16 años al frente de uno de los municipios más pobres de Salta una fortuna inmune a las denuncias de corrupción.
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"Hasta para robar hay que ser inteligente, y yo me considero un tipo inteligente". Con esa frase, que pronunció sin empacho ante concejales en marzo de 2019, el entonces intendente de Pichanal, Julio Jalit, se ufanó de haber amasado tras estar 16 años al frente de uno de los municipios más pobres de Salta una fortuna inmune a las denuncias de corrupción.
Por el escándalo que desató aquella expresión, el país se enteró que el dueño de esas palabras, en solo dos décadas, había dejado de ser un empleado de estación de servicio para convertirse en uno de los hombres más acaudalados del departamento Orán.
Desde 2003, con los ingresos obtenidos con la función pública, Jalit había adquirido una decena de campos sojeros, varias propiedades, vehículos de alta gama y un flota propia de camiones. Por mucho tiempo, las denuncias en su contra habían dormido en Orán y él se sentía cada vez más intocable, pero en marzo de 2019 una fiscal, Mónica Viazzi, se propuso al fin investigar el llamativo ascenso patrimonial.
Tras las medidas que llevó adelante, la fiscal penal 3 de Orán formuló acusaciones formales contra Jalit y otros ocho imputados. En diciembre de 2021, en base a los elementos de prueba recolectados, pidió la elevación a juicio que el juez de Garantías 1 de la jurisdicción, Francisco Oyarzún, acaba de confirmar.
Los antecedentes
Jalit estaba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito. En agosto de 2020 la fiscal Viazzi sumó cargos en su contra por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles y peculado de servicios. Las imputaciones se ampliaron, además, por la utilización desaprensiva de residuos peligrosos y por omisiones y falseamientos maliciosos de datos en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Entre los otros ocho imputados, que tienen atribuidos distintos grados de responsabilidad en el fraude a la administración pública, resaltan un cuñado del exintendente, Sergio Castillo, y un sobrino, Sergio Daniel Castillo Jalit. También irán al banquillo Ricardo Enrique Murúa (extesorero del municipio de Pichanal); César Gómez (dueño del negocio El Mirador Servicios); Luis Enrique Juárez (propietario de Servicios Generales Victoria); el contador Renzo Reynaldo Ruiz y los empresarios Leonardo Darío Macarón y Lilia Amanda Klarmann. A todos se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en el delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la acusación fiscal, solo en cuatro ejercicios peritados entre 2014 y 2019, Jalit distrajo más de $23 millones de las cuentas del municipio a través de la emisión de 1.394 cheques irregulares.
Esa fue solo la punta del iceberg, porque determinaciones posteriores revelaron que desde 2003 el patrimonio personal de Jalit se multiplicó en forma exponencial, al punto de que solo los bienes de los que se tenía registros en 2019 (propiedades, fincas, maquinarias, implementos agrícolas, vehículos y cabezas vacunas) se estimaban entonces en varios cientos de millones.
Para el Ministerio Público Fiscal, Jalit incurrió además en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de su función pública, porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago, cheques y otros créditos a favor de contratistas y proveedores, en perjuicio del erario municipal.
Murúa irá a juicio como coautor del delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública. Según la acusación de la Fiscalía interviniente, el extesorero municipal acompañó a Jalit en las maniobras ilícitas con las que se favoreció a firmas contratantes como Astillero SRL, Cejota SRL, Farmacia Rivadavia y la Sociedad de Hecho Jalit-Castillo, en perjuicio del municipio de Pichanal. La fiscal de la causa estableció que Murúa, asimismo, habría firmado cheques en beneficio propio o de familiares.
El entramado de empresas usado para delinquir
De acuerdo con la acusación fiscal, detrás de los prestanombres que utilizó Julio Jalit para defraudar al municipio de Pichanal se ocultaron los reales beneficiarios y destinatarios de los créditos, que no fueron otros que el propio intendente y las firmas Astillero y KyM.
A través de las citadas empresas, Macarón y Klarmann se habrían beneficiado con fondos públicos a través de al menos 496 cheques. Jalit, por un lado, administraba los recursos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como supuestos destinatarios de los pagos. Del otro lado, participaban de la maniobra Macarón y Klarmann, representantes de Astillero y KyM, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos en connivencia con el exintendente.
Además, Jalit compraba combustible a Astillero -firma proveedora del municipio de Pichanal- para sus fincas privadas.
Durante la investigación fiscal se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota pertenecían a la Sociedad de Hecho Jalit-Castillo y recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito. Con esas maniobras se beneficiaron Sergio Castillo y su hijo, Sergio Daniel Castillo Jalit, cuñado y sobrino del exjefe comunal.
Por otra parte, la investigación determinó que Jalit omitió y falseó datos para ocultar su patrimonio. El exintendente tampoco rindió ingresos del Fondo Federal Solidario (Plan Más Cerca); el Plan Alimentario Nutricional Provincial y el Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.
Jalit también fue imputado por contaminación ambiental porque, abusando de su poder, invadió inmuebles privados en los que hizo arrojar residuos (tanto domiciliarios como patógenos) y líquidos cloacales.