"Hay algo demasiado turbio por detrás del Plan Acompañar", explicó la abogada penalista de Tartagal Sarah Yamila Esper, patrocinante de la joven Grecia Arias, quien fue la primera mujer que se presentó en la Justicia para denunciar una megaorganización ilícita detrás del beneficio nacional.
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"Hay algo demasiado turbio por detrás del Plan Acompañar", explicó la abogada penalista de Tartagal Sarah Yamila Esper, patrocinante de la joven Grecia Arias, quien fue la primera mujer que se presentó en la Justicia para denunciar una megaorganización ilícita detrás del beneficio nacional.
Se trata de la escandalosa organización conformada por la exdirectora municipal de la Mujer y la Diversidad Carla Cordero, junto con otras asistentes que prestaban servicios en esa oficina de la comuna de Tartagal, que estaba dedicada a reclutar a mujeres que supuestamente eran víctimas de violencia de género.
Arias, la primera denunciante, y otras mujeres de Tartagal y de General Mosconi, aseguraron que ninguna de las beneficiarias necesitaba presentar denuncia policial por el supuesto hecho de violencia por los que habían sido víctimas, sino que estas mismas mujeres falsificaban toda la documentación con el solo compromiso de las beneficiarias de hacer entrega mensual de $10.000 durante los 6 meses que cubre económicamente a las víctimas el programa Acompañar.
La abogada norteña, por Radio Nacional Tartagal, precisó que "el martes, después de los allanamientos que se hicieron en Tartagal, comenzaron a trascender en medios de General Mosconi y de Salta Capital audios que dan cuenta de que en General Mosconi habría una especie de oficina paralela. Por lo que se comenzó a conocer que se trata del Barrio Libertad donde estaría instalada una oficina, una especie de sucursal de la oficina que en Tartagal estaba a cargo de Carla Cordero".
Tal como lo menciona la abogada Esper, los medios de General Mosconi daban cuenta que la hermana de un reconocido dirigente radical de esa localidad habría sido la responsable de manejar los planes Acompañar en Mosconi, pero que no se gestionaba en ese municipio sino directamente en Tartagal por medio de la oficina de la mujer y la diversidad.
"El tema es que si es así que en Mosconi directamente funcionaba esta oficina, lo menos que se puede pedir es que se realicen los allanamientos también en Mosconi porque si no los responsables van a limpiar todas las evidencias. Si esto es así, ya es una barbarie de que una oficina de Tartagal tenga un anexo trucho en Mosconi. Lo que corresponde también es saber quién les ha permitido tener esta oficina. El cuadro jurídico va a variar muchísimo si hubo conocimiento o connivencia por parte del municipio de Mosconi sobre el funcionamiento de este lugar", explicó la abogada Esper.
Allanamientos, mucho antes
La Dra. Esper consideró que "los allanamientos que se hicieron en Tartagal el día martes deberían haberse ordenado mucho antes y de ninguna manera quiero entrar en controversias con el fiscal José Luis Bruno (a cargo de la instrucción) . Es cuestión de sentido común porque si la persona a la que tienen que investigar hubiera sido yo, con tanto tiempo hubiera limpiado todas las huellas. Antes que mi clienta formalice la denuncia hubo dos o tres mujeres que si bien no formalizaron sus dichos mediante acta de denuncia, sí lo hicieron por los medios de comunicación. Después de esto se produjo la denuncia de los tres ediles, Arce, Rodas y Restom, pero hasta los allanamientos ya habían pasado como tres semanas. La situación aparece como si les estuvieran dando tiempo para que las pruebas se pierdan", consideró la letrada.
La abogada Esper explicó que "el tema de General Mosconi se viene hablando desde hace por lo menos 10 días. Mi temor es que todo esto quede en nada, pero si ahora surge la mención hacia un concejal de Mosconi del mismo partido político que esta gente de Tartagal, estamos ante un hecho que es gravísimo, o al menos mucho más de lo que se pensaba. Pero además, agregó la letrada, todos nos preguntamos cómo operaba esta gente porque, por los dichos de las mujeres beneficiarias, estas gestoras iban con la computadora a la casa de cada una para hacerles después el trámite ante Anses. A mi criterio hay que investigar en la oficina local de Anses para saber cómo era que esta gente conseguía el otorgamiento del Programa Acompañar. La única manera es tener una clave de acceso o una persona dentro de la oficina de Anses. Por eso considero que será un tema difícil de investigar; en la medida en que la Justicia Federal no vaya un paso adelante de la opinión pública cada vez será más difícil llegar al fondo de la cuestión . Acá la gente se entera de todo antes que la misma justicia; así que si todo va un paso adelante de la Justicia, acá no vamos a llegar a nada", consideró la abogada tartagalense.
Patoterismo
Esper finalmente reveló que "hay una actitud de patoterismo porque en la desesperación por salvarse, Cordero, acompañada de otro funcionario municipal, fue a verlo al empleador de la pareja de mi clienta para coaccionarlo. Ir a molestarlo al empleador del marido de la denunciante es incalificable y ese señor vino a verme muy molesto, por lógica porque él no quiere problemas con nadie. La respuesta de este empresario fue que su empleado estaba en la provincia de Jujuy", explicó la letrada.
(Corresposalía Tartagal)