Inés Bocanera, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta se refirió a las denuncias de abusos sexuales a mujeres y niñas wichis por parte de “criollos” que se conocieron en las últimas horas. Manifestó que hay que adaptar las normas de abordaje de la violencia de género a la realidad específica de las comunidades originarias.
“Si bien tenemos leyes específicas para el abordaje de la violencia, necesitan adecuarse para las comunidades. Me parece que ese es el salto de calidad que hay que dar: construir políticas públicas para dejar de invisibilizar y hacer un abordaje como corresponde”, manifestó.
Las distintas formas de abuso sexual hacia niñas y mujeres aborígenes por parte de hombres que visitan las comunidades del interior provincial por trabajo o por otros motivos se naturalizaron durante décadas. Muchas mujeres quedaron embarazadas como producto de esas violaciones durante los últimos años y ahora están solas a cargo de sus hijos en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
El defensor oficial Luis Vélez está recabando testimonios de víctimas en el norte de la provincia. Además de impulsar denuncias penales contra los acusados, el funcionario trabajará en juicios de filiación para que los hijos de mujeres que sufrieron abusos sexuales accedan a derechos básicos. De esta forma busca que se garanticen a los niños, niñas y adolescentes la identidad, la nutrición adecuada, la educación, la salud y el desarrollo.
Inés Bocanera adelantó que el OVcM realizará este año una investigación sobre la percepción de la violencia de género en algunas de las comunidades.
“El objetivo es ver qué es lo que entienden las mujeres sobre la violencia y cuándo consideran que están atravesando situaciones de violencia para presentar esta información al Estado provincial y tratar de elaborar políticas públicas adecuadas de abordaje en pueblos originarios”, explicó.
Consultada con respecto al abuso sexual en las etnias originarias, dijo que las mujeres de estas comunidades muchas veces no tienen acceso a la Justicia por motivos como las diferencias culturales y de lenguaje.
“Hay que identificar las dificultades para que eso se resuelva y que una mujer que está atravesando una situación de violencia en su comunidad pueda acceder a la Justicia de la misma manera que una que está en la ciudad”, manifestó.
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Inés Bocanera, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) de Salta se refirió a las denuncias de abusos sexuales a mujeres y niñas wichis por parte de “criollos” que se conocieron en las últimas horas. Manifestó que hay que adaptar las normas de abordaje de la violencia de género a la realidad específica de las comunidades originarias.
“Si bien tenemos leyes específicas para el abordaje de la violencia, necesitan adecuarse para las comunidades. Me parece que ese es el salto de calidad que hay que dar: construir políticas públicas para dejar de invisibilizar y hacer un abordaje como corresponde”, manifestó.
Las distintas formas de abuso sexual hacia niñas y mujeres aborígenes por parte de hombres que visitan las comunidades del interior provincial por trabajo o por otros motivos se naturalizaron durante décadas. Muchas mujeres quedaron embarazadas como producto de esas violaciones durante los últimos años y ahora están solas a cargo de sus hijos en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social.
El defensor oficial Luis Vélez está recabando testimonios de víctimas en el norte de la provincia. Además de impulsar denuncias penales contra los acusados, el funcionario trabajará en juicios de filiación para que los hijos de mujeres que sufrieron abusos sexuales accedan a derechos básicos. De esta forma busca que se garanticen a los niños, niñas y adolescentes la identidad, la nutrición adecuada, la educación, la salud y el desarrollo.
Inés Bocanera adelantó que el OVcM realizará este año una investigación sobre la percepción de la violencia de género en algunas de las comunidades.
“El objetivo es ver qué es lo que entienden las mujeres sobre la violencia y cuándo consideran que están atravesando situaciones de violencia para presentar esta información al Estado provincial y tratar de elaborar políticas públicas adecuadas de abordaje en pueblos originarios”, explicó.
Consultada con respecto al abuso sexual en las etnias originarias, dijo que las mujeres de estas comunidades muchas veces no tienen acceso a la Justicia por motivos como las diferencias culturales y de lenguaje.
“Hay que identificar las dificultades para que eso se resuelva y que una mujer que está atravesando una situación de violencia en su comunidad pueda acceder a la Justicia de la misma manera que una que está en la ciudad”, manifestó.