La fiscalía no logra ubicar al concejal Colque, denunciado por violencia de género

Desde la fiscalía a cargo de la investigación no logran ubicar al concejal de Salta Independiente Ricardo Ernesto Colque Domínguez, quien está acusado por golpear y amenazar a su pareja, en un hecho que sucedió el sábado pasado en un domicilio de barrio Casino.

Esta mañana, efectivos de la Policía de la Provincia fueron a buscarlo al Concejo Deliberante. Otros se encuentran apostados en el barrio donde sucedieron los hechos, en cercanías del edificio legislativo.

El edil, de 24 años de edad, está citado para presentarse mañana en una audiencia de imputación, mediante una actuación de oficio. 

"Tras reiteradas diligencias se intenta ubicar en distintos domicilios al mencionado, a fines de hacerle conocer las medidas cautelares dispuestas, como así también la consigna hacia su persona", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

La decisión de citar al joven a la audiencia la tomó la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, tras la remisión del informe de actuación.

Una experta en temas de violencia de género valoró como positivo que tanto la fiscalía como el juzgado actúen de oficio en esta causa, así como sucede también con el caso que tiene como acusado al fiscal federal Francisco Snopek.

Esta mañana, en la Comisión de Disciplina del Concejo Deliberante dieron a conocer que ingresó el pedido de licencia sin goce de haberes por parte del concejal, algo que le habían solicitado desde el partido Salta Independiente el lunes último, luego de que se conociera por medios de comunicación los hechos de violencia que protagonizó.

La concejal y apoderada de este partido político, Paula Benavides, confirmó que alrededor de las 10.40 ingresó la nota con el pedido de licencia, mientras el resto de los ediles esperaban en el recinto a la intendenta Bettina Romero.

En sesión, el cuerpo deliberativo deberá decidir si otorga esta licencia al concejal Colque.

Acompañamiento a la víctima

Según informaron desde el Ministerio Público, tras haber conocido los hechos que se investigan, "de manera inmediata" la fiscalía "concentró sus esfuerzos en el acompañamiento de la víctima a fin de garantizarle el pleno ejercicio de los derechos que la asisten".

En este sentido, se dispuso un equipo interdisciplinario de asistencia para la contención y empoderamiento de la mujer, por la situación de violencia de género que se informó a través de la actuación policial.

Desde la fiscalía informaron que su intervención "aceleró las diligencias para asegurar los indicios probatorios" y disponer las medidas de cuidado para la víctima mediante la provisión de un botón antipánico, a fin de garantizar su seguridad. 

Denuncia previa

Ayer se conoció que Colque tenía una denuncia por violencia hacia una pareja anterior, de principios de 2018. En ese caso, le habían aplicado una restricción de acercamiento que no cumplió, según denunció el padre de la víctima.

Desde el partido Salta Independiente manifestaron que el certificado de antecedentes penales que el candidato presentó cuando se lo pidieron antes de las elecciones del año pasado, no figuraba ninguna causa. Colque tampoco lo mencionó en la declaración jurada que presentó oportunamente.

Valoraron la actuación de oficio

La experta en temas de violencia de género y cocoordinadora del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género Tania Kiriaco valoró como positivo que desde la fiscalía actúen de oficio en este caso, a raíz de una llamada de los vecinos, y que desde el juzgado de Violencia hayan tomado medidas para proteger a la víctima. Recordó que lo mismo sucede en la causa que existe por violencia contra el fiscal Francisco Snopek.

La referente explicó que la Ley Provincial N° 7.888, de Protección contra la Violencia de Género, prevé que no solo la víctima puede realizar la denuncia sino también cualquier persona que tome conocimiento del hecho.

Comentó que "existen múltiples factores por los que la víctima no denuncia" y se refirió a la dependencia económica, al temor a un escarnio social, al propio proceso interno que tiene que hacer y quizás a la falta de acompañamiento, como algunos de los motivos.

Kiriaco consideró que los partidos políticos tienen que implementar la Ley Micaela, que prevé la capacitación obligatoria en violencia de género. Observó que quienes asuman un cargo público tienen que formarse en estos temas y comportarse en consecuencia.

Evaluó que la Secretaría Electoral tendría que implementar un mecanismo para que aquellas personas que quieran ocupar un cargo público tengan que estar libres de antecedentes en cuestiones de violencia de género.

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