La Justicia de Salta adoptó medidas tendientes a agilizar la intervención de los servicios profesionales del Poder Judicial en los procesos de restricción de la capacidad de las personas con problemas de salud mental que se tramitan en el distrito judicial del centro.
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La Justicia de Salta adoptó medidas tendientes a agilizar la intervención de los servicios profesionales del Poder Judicial en los procesos de restricción de la capacidad de las personas con problemas de salud mental que se tramitan en el distrito judicial del centro.
La legislación prevé la posibilidad de iniciar un proceso judicial especial con el fin de proteger a las personas que pudieran padecer afecciones de salud mental, por las cuales el juez puede restringir la capacidad para realizar determinados actos y adoptar las medidas de apoyo necesarias. Incluso puede declarar la incapacidad en determinados casos.
En esos procesos, el magistrado debe contar con el dictamen de un equipo interdisciplinario integrado por un médico psiquiatra, un psicólogo y un asistente social antes de decidir.
En ese marco, a partir del mes de noviembre del año pasado la Corte de Justicia de Salta, por Acordada 13.758, habilitó una oficina de gestión administrativa encargada de concentrar todos los pedidos de informes de los juzgados y tribunales en los procesos de restricción de capacidad que tramitan en el Distrito Judicial del Centro y, a su vez, coordinar la intervención de los profesionales en estos procesos.
Se conformaron tres equipos interdisciplinarios con quienes integran el Servicio Médico Forense, el Servicio de Psicología y el Servicio Social del Poder Judicial.
La oficina de gestión administrativa organiza la agenda de los profesionales y coordina los turnos para las entrevistas. Además, procura solucionar las eventuales dificultades que puedan presentarse, como la imposibilidad de que el interesado concurra a Ciudad Judicial, en cuyo caso se coordina el traslado de los equipos a los departamentos provinciales respectivos o a los establecimientos asistenciales u hospitalarios en los que se encuentre.
Se evita, de este modo, que las personas deban presentarse en reiteradas oportunidades para participar de las entrevistas y el dispendio jurisdiccional que genera la repetición de citaciones judiciales y, además, se realiza una valoración integrada de su situación.
Desde que se puso en marcha esta modalidad de gestionar la intervención de los equipos interdisciplinarios en los procesos de restricción de la capacidad, aumentó considerablemente la cantidad de informes realizados. Puntualmente en marzo de este año se logró completar más del setenta por ciento de las intervenciones.
Para intervenir en este tipo de casos también está el rol de la curadora oficial, María José Miranda, que tiene como función la promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual que no tengan familiares o referentes afectivos, o que no tengan en su entorno a alguien con la idoneidad suficiente.
La funcionaria debe velar por las personas que están en esta situación, brindando el apoyo necesario para la toma de decisiones y promoviendo su autonomía en el ejercicio de sus derechos, de conformidad a las normas del Código Civil y Comercial y Tratados de Derechos Humanos.