La Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, comunicó que el 16,6% de la población privada de libertad en cárceles federales es extranjera. Esta cifra implica que, de las 11.500 personas privadas de su libertad, 1.904 integran la población extranjera en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El dato estadístico es parte de la primera edición del informe "Población extranjera privada de libertad" de mayo de este año elaborado por la fiscalía especializada.
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La Procuraduría de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Alberto Adrián María Gentili, comunicó que el 16,6% de la población privada de libertad en cárceles federales es extranjera. Esta cifra implica que, de las 11.500 personas privadas de su libertad, 1.904 integran la población extranjera en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El dato estadístico es parte de la primera edición del informe "Población extranjera privada de libertad" de mayo de este año elaborado por la fiscalía especializada.
El reporte cuenta con información actualizada al 31 enero y tiene como objetivo la difusión de datos sobre la cantidad, distribución y evolución de la población extranjera privada de libertad en establecimientos del SPF. Además, de dar a conocer su composición de acuerdo a variables socio-demográficas, tales como edad, género, nacionalidad y a aspectos vinculados a las causas judiciales.
En este marco, el informe indicó que el 54,5% de la población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF se encuentra cumpliendo prisión preventiva (1.038 casos), en tanto el 45,4% corresponde a personas condenadas (865 casos). A su vez, la Procuvin detalló que la población extranjera privada de la libertad tiene una mayor proporción de personas sin condena firme si se la compara con la población general, o con el conjunto de argentinos detenidos en el SPF (la proporción de la población general sin condenas es de 47,7 % y de ciudadanos argentinos es 46 %).
Destacaron que las personas extranjeras y/o migrantes que se encuentran en conflicto con la ley penal constituyen un universo de especial interés al momento de problematizar el acceso a derechos y el impacto de la vida en prisión. Es por ello que elaboraron este primer reporte sobre esta problemática en una línea de trabajo propuesta para difundir información sobre el acceso o la vulneración de derechos en poblaciones e identidades especialmente afectadas por las condiciones de encierro.
Así, destacaron que el documento va en la línea establecida por la Opinión Consultiva 29/22 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la necesidad de adoptar medidas o enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad: "La Corte consideró que la aplicación de un enfoque diferenciado en la política penitenciaria permite identificar de qué forma las características del grupo poblacional y el entorno penitenciario condicionan la garantía de los derechos de determinados grupos de personas privadas de libertad que son minoritarios y marginalizados en el entorno carcelario".
Si bien la población migrante no está contemplada dentro de esa recomendación, la Procuvin consideró que las personas extranjeras en prisión padecen riesgos específicos de vulneración de derechos, según sus características y necesidades particulares y "ha sido incluida como grupo especialmente vulnerable desde larga data", destacaron.
La Procuvin indicó que las nacionalidades peruana, boliviana y paraguaya representan el 70,4% de la población extranjera privada de libertad en establecimientos del SPF. La cifra porcentual se traduce en 357 -18,8 %- personas encarceladas de Bolivia; 478 -25,1%- de Perú y 506 -26,6 %- de Paraguay. Le siguen a estas tres nacionalidades: Colombia con un 6,6 %, Chile con un 5,8 %, Uruguay con un 4,3 %, Republicana Dominicana con un 4.2 % y Venezuela con un 2,3 %.
Asimismo, el reporte puntualizó el desarrolló histórico de la proporción de población extranjera en los últimos siete años, señalando los siguientes resultados: para el 2016, un 19,2 %; en el 2017, un 20,5 %; en el 2018, un 20,2 %; en el 2019, un 18,9 %; en el 2020, un 17,1 %; en el 2021, 16,1 %; en el 2022, un 17,2 %; en tanto para el 2023, un 16,6 %.
El documento detalló -en relación al género- que el 8,6% de la población extranjera privada de su libertad corresponde a mujeres, en tanto sostuvo que los hombres componen el 90,8 % y las personas trans 0,7%. En cifras el porcentaje se traduce en 163 mujeres, 1.728 hombres y 13 personas trans. En el análisis diferenciado la proporción de mujeres en algunos países es significativamente mayor: Bolivia un 15,1%; Colombia un 14,8% y Perú un 9,8%.
A su vez, en relación al rango etario el 98,1% de la población extranjera detenida corresponde a personas mayores de 21 años. En tanto el 1,9% restante corresponde a jóvenes de 18 a 21 años. Además, en la puntualización de la población de jóvenes de 18-21 se detalló una distribución por género de 94,6% varones, 5,4% mujeres.