La eliminación "inmediata" del Fondo Compensador del Interior generó ruidazos en diferentes oficinas públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Desde allí cuestionaron la medida por "discriminadora" y advirtieron que podrían iniciar acciones legales.
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La eliminación "inmediata" del Fondo Compensador del Interior generó ruidazos en diferentes oficinas públicas, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Desde allí cuestionaron la medida por "discriminadora" y advirtieron que podrían iniciar acciones legales.
Federico Núñez Burgos, al frente de dicho organismo, aseguró que si bien la distribución de los subsidios al transporte siempre ha sido "desigual", la medida agrava la desigualdad. "Excede la tolerancia del criterio de distribución desigual, ahora es discriminatorio", advirtió.
Si bien aseguró que todas las medidas administrativas son "político administrativas", el defensor ubicó a la quita como un castigo a las provincias, en las cuales sus legisladores no apoyaron el paquete de leyes que envió el gobierno al Congreso. "Estas negociaciones se dan en la ley: si no apoyas el efecto es que los trabajadores de Salta pagarán más caro el colectivo. Es un modelo que no se puede sostener en una Argentina democrática", añadió.
El defensor del Pueblo, además, cuestionó que "no hubo debate en el Congreso" sobre la eliminación del subsidio. Si bien la información oficial de Presidencia indica que la eliminación también es para el AMBA, por tener pagos al día y haber asumido compromisos a futuro con las empresas porteñas, muchos desconfían que la eliminación sea por igual, tanto para el interior como para Capital. Las dudas se reafirman en los dichos que empresarios del rubro señalaron en medios nacionales en los que aseguraron que "no se eliminaría", sino que iría "disminuyendo".
Nuñez Burgos indicó que esperarán conocer la letra chica para saber si la Defensoría tomará otras medidas. "A partir de ahí ver si iniciamos acciones legales, garantizando los derechos de igualdad constitucionales", señaló.
No peligra el sistema
Luego de conocerse la quita del subsidio, desde Saeta advirtieron que, por anuncios de que se recortarían otras transferencias nacionales, también se duda de que la Provincia pueda aportar su parte. La caja provincial es el principal financiador del sistema, con el 60% de los fondos.
Sin embargo, desde la Legislatura local, el diputado por el olmedismo, (alineado al gobierno libertario), Roque Cornejo, aseguró que el sistema no peligra por esta quita de los aportes nacionales.
El diputado indicó que la provincia" aportó en los dos últimos años más de 20 mil millones de pesos. Mientras que el gobierno nacional, 2 mil millones en ese mismo periodo. Es decir que no peligra el transporte por esta quita de subsidios", destacó.
El abogado además sumó que la provincia "presume de haber tenido un superávit fiscal de 31 mil millones de pesos en octubre, y tenemos presupuesto prorrogado. Asi que van a pretender ejecutar los mismos montos del 2023 , más recaudación del actual año", insistió del sistema", y apuntó contra los empresarios a cargo del transporte público. Para el diputado, en caso de que la provincia no pueda financiarlo, habría que pensar en una "revisión fondos provinciales"..