La denuncia de un grupo de vecinos de Ampliación Santa Ana II, que advirtieron sobre la supuesta irregularidad en la venta de los terrenos donde viven, generó la reacción de uno de los actores involucrados.
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La denuncia de un grupo de vecinos de Ampliación Santa Ana II, que advirtieron sobre la supuesta irregularidad en la venta de los terrenos donde viven, generó la reacción de uno de los actores involucrados.
En diálogo con los medios, los vecinos del loteo habían asegurado que compraron los terrenos a un banco que quebró y que, 10 años después, un nuevo propietario quiere cobrarles el monto que no habrían terminado de pagar cuando cerró la antigua empresa a con la que ellos habían realizado la transacción. Manifestaron además que el nuevo dueño les pide pagar en dólares por los lotes.
Frente a esta denuncia, Miguel Ángel Rueda confirmó a este medio que él es propietario de 118 lotes, que adquirió en la quiebra del Banco Caseros SA.
El adquiriente de los 118 lotes especificó que estos terrenos son los únicos que no fueron comercializados por el Banco Caseros ni su antecesor Banco del Noroeste, "por tal motivo los ocupantes sin título que se manifiestan invocando ser estafados no compraron lote alguno".
Detallado lo ocurrido en este predio, Rueda destacó que en la misma causa aproximadamente 180 compradores de terrenos obtuvieron la escritura de sus lotes al cancelar el precio al Banco.
Durante el encuentro con los medios, los vecinos del barrio, ubicado al sur de la capital, destacaron que habían tomado contacto con el diputado provincial Claudio Del Plá, con quien habían analizado la posibilidad de llevar adelante un proyecto de expropiación sobre los lotes en disputa. Al respecto, Rueda aseguró que "no hay expropiación probable", porque no se trata de un interés general que el Estado deba proteger.
"Está el vecino que se adueñó del lote de al lado o el del frente que se asentó su hermano, y hoy se victimiza. Es el caso de una de las agitadoras contra las que he iniciado querella por calumnias e injurias y extorsión", expresó a través de un comunicado.
En referencia a los nuevos contratos de compra venta, Rueda aclaró que de los 118 lotes, un 28% por ciento de los ocupantes aceptó el ofrecimiento y firmó los boletos.
Con respecto a la redacción de los nuevos contratos, y lo que ellos estipulan, se advierte que fueron financiados a 10 años o en algunos casos a mayor plazo, sin anticipo y cero interés, "que por el plazo obviamente se pacta con actualizaciones usuales en la venta de viviendas".
Rueda destacó que quienes actualmente se adjudican la tenencia de los terrenos sin haber completado el pago de los mismos, "fueron denunciados como usurpadores en algún momento por los mismo vecinos".
"Los ocuparon a pesar de la resistencia de los que siguieron pagando las cuotas a la quiebra tal cual consta en investigaciones fiscales penales y constataciones practicadas en la misma. No hay ocupantes de buena fe, no hay hacederos del barrio con títulos. Son los que hoy agitan imputándome delitos y pretendiendo que el Estado se haga cargo de su situación. No hay 200 familias amenazadas, hay oportunistas que a sabiendas ocuparon más de un terreno, que no viven en los mismos o que lucran con el alquiler de piezas precariamente construidas sobre terreno ajeno", expresó Miguel Ángel Rueda, al mismo tiempo que reiteró que las acciones legales contra quienes lo acusan ya están en marcha.
Contrato en dólares
En diálogo con este medio, Magdalena Briones, representante legal de Miguel Rueda, destacó que un alto porcentaje de los vecinos afectados ya se acercaron a dialogar al estudio y que incluso varios ya firmaron en nuevo acuerdo de venta. La letrada indicó que hay 25 casos que están en mediación, por lo que no se puede especificar el precio exacto de los terrenos a este momento. Sin embargo, aclaró que los acuerdos de compra venta son en dólares, a 120 cuotas o 10 años.
Briones destacó que no está en el ánimo de su cliente, Miguel Rueda, desalojar a ningún vecino, pero que los contratos se redactaron en dólares y no se analizó la posibilidad de realizar un acuerdo que tenga en cuenta el índice de inflación o del CAC (Cámara Argentina de la Construcción) como opción de pago. “Así lo estipuló y la legislación lo permite”, aseguró Briones.
Consultada sobre si Rueda conocía la situación de los lotes al momento de adquirirlos, aseguró que sí y aclaró que su cliente aún no figura en las cédulas parcelarias, aunque el trámite se inició en junio.