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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció un profundo recorte en la estructura del Estado, que incluye la reducción del número de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de 9 a 3, así como el despido de 5.000 empleados públicos, en lo que representa el ajuste más amplio desde que asumió el poder en noviembre de 2023.
Según informó la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, la decisión busca "mejorar la eficiencia del Estado" y forma parte de un plan de reestructuración orientado a reducir el déficit fiscal y cumplir con los compromisos asumidos en el programa crediticio de US$5.000 millones firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas fueron justificadas como una forma de "garantizar servicios públicos de calidad", aunque Jaramillo aseguró que los despidos no afectarán a médicos, docentes, policías, militares ni personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, la ola de despidos abarca instituciones del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y podrían sumarse más salidas una vez completadas las fusiones ministeriales.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la fusión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el de Transporte y Obras Públicas, así como la incorporación de los ministerios de Cultura, Deporte y la Secretaría de Educación Superior al Ministerio de Educación. También se integrarán el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos al Ministerio de Gobierno, y el Ministerio de Ambiente a la cartera de Energía y Minas. En tanto, el Ministerio de Turismo se unirá al de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
En el área de seguridad, el presidente ordenó que tanto el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) como el sistema de emergencias ECU-911, que antes dependían directamente de la Presidencia, pasen a rendir cuentas al Ministerio del Interior.
Pese a que Jaramillo subrayó que las desvinculaciones no obedecen a "criterios políticos", la decisión generó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, pueblos originarios, colectivos ecologistas, feministas y del ámbito cultural, quienes la consideraron un "grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de derechos fundamentales".