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Bolivia atraviesa uno de los momentos políticos y sociales más delicados de los últimos años. A apenas seis meses de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz enfrenta un escenario de conflictividad creciente, con bloqueos en gran parte del país, protestas multisectoriales, reclamos por inflación y desabastecimiento, críticas por el manejo represivo de la crisis y pedidos de renuncia impulsados desde organizaciones sindicales, campesinas e indígenas.
Lo que comenzó como una serie de protestas sectoriales por cuestiones económicas derivó en una crisis de gobernabilidad de escala nacional. La situación ya no se explica únicamente por la figura de Evo Morales o por la tradicional polarización boliviana: el centro del conflicto parece haberse desplazado hacia el propio modelo político y económico que el nuevo gobierno intentó imponer desde su llegada al poder.
Ya se habla del fracaso de las “fórmulas simples”. Uno de los diagnósticos que atraviesa el debate político boliviano es que el gobierno de Paz apostó a una lectura simplificada de la crisis nacional. La estrategia de responsabilizar permanentemente al pasado, particularmente al evismo, no logró consolidar consenso social.
En Bolivia, a diferencia de otros países de la región donde los discursos de ruptura encontraron respaldo electoral sostenido, amplios sectores sociales interpretan que el deterioro económico actual responde principalmente a decisiones recientes del gobierno: ajustes, señales de privatización, las viejas recetas del FMI, deterioro salarial, inflación y falta de diálogo político.
La paradoja es profunda. Rodrigo Paz ganó las elecciones levantando consignas “nacional-populares”, apelando precisamente a los sectores populares urbanos, campesinos y sindicales que hoy encabezan las movilizaciones. Su compañero de fórmula, Edmand Lara, representaba incluso un perfil más cercano a esas bases sociales. Sin embargo, pocos meses después de asumir, el oficialismo aparece distanciado de esos mismos actores.
La sensación de traición política se convirtió en uno de los combustibles del conflicto.
Una protesta extendida, difícil de controlar
La magnitud de las protestas refleja el alcance de la crisis. Según reportes oficiales de transitabilidad, existen al menos 45 puntos de bloqueo en el país. La Paz concentra la mayor cantidad, seguida por Cochabamba y Oruro. También hay cortes en Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. El conflicto que se da en el occidente del país se extiende y sus consecuencias ya comenzaron a sentirse en el sur del país, frontera con Salta y Jujuy.
Los primeros efectos del conflicto nacional comenzaron a sentirse en los precios de los centros de abasto de Tarija. Dirigentes de mercados municipales alertaron sobre el "encarecimiento progresivo de productos provenientes de La Paz, Cochabamba y Oruro, además de retrasos en el abastecimiento debido a los cortes de ruta", informó el diario El País de Tarija.
El dirigente de los Mercados Municipales, Hugo Maraz, informó que ya realizaron una asamblea de emergencia ante la situación y explicó que algunos alimentos registran incrementos diarios de entre dos y tres bolivianos, mientras varios productos comienzan a escasear en los mercados de la capital tarijeña. Eso quiere decir que más temprano que tarde, todo lo que sucede en La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro comenzará a sentirse en la frontera encareciendo los precios y alternado la "normalidad" del comercio binacional.
Es por eso que se dice que la protesta ya no pertenece a un solo sector; y se pueden sumar más.
Participan al día de hoy:
- la Central Obrera Boliviana,
- sindicatos campesinos,
- organizaciones indígenas,
- maestros rurales,
- transportistas,
- cooperativistas mineros,
- movimientos vinculados al evismo,
- agrupaciones barriales de El Alto y La Paz.
Muchos de esos sectores habían votado por Rodrigo Paz.
El gobierno intentó contener la situación mediante negociaciones parciales y concesiones puntuales: bonos para docentes y policías, promesas económicas para cooperativistas mineros, acuerdos con transportistas y derogaciones reclamadas por campesinos. Pero ninguna de esas soluciones logró estabilizar el escenario.
Las organizaciones aceptaron treguas, no acuerdos definitivos.
“La falta de diálogo político es alarmante”
Desde La Paz, el consultor y referente del Observatorio de Política Exterior Boliviana (OPEXBOL), Fernando Torres Gorena, trazó un diagnóstico especialmente crítico sobre la situación.
En diálogo con El Tribuno, Torres Gorena sostuvo que el principal problema del gobierno es “la falta de lectura política”.
“La protesta es legítima y la falta de diálogo político del Gobierno es alarmante”, señaló. Según explicó, los sectores movilizados expresan demandas reales vinculadas al deterioro económico y al aumento del costo de vida.
“La COB declaró el paro por tiempo indeterminado porque la alta inflación ya licuó los aumentos que dieron. Ya comenzaron a subir aún más los precios de los alimentos debido a la incertidumbre del desabastecimiento”, describió.
Su mirada apunta especialmente al modo en que el Ejecutivo responde a la conflictividad.
“Cuando tiene que sentarse en una mesa de negociación con los líderes a buscar algún camino a la solución de los conflictos, el Gobierno manda a detener a esos referentes”, advirtió. Para Torres Gorena, esa lógica puede llevar a una escalada mucho más peligrosa.
“No puede encarcelar a quienes viabilizan el malestar popular porque ahora sí estamos ante un posible desmadre total de la situación”, afirmó.
El temor a una fractura policial y a una intervención militar
Uno de los puntos más delicados planteados por Torres Gorena tiene que ver con el estado interno de las fuerzas de seguridad.
Después de casi veinte días de enfrentamientos y operativos de represión, el consultor habló de un creciente “cansancio de la policía”.
El gobierno otorgó bonos extraordinarios a los efectivos, pero según Torres Gorena esos montos quedaron rápidamente pulverizados por la inflación.
“Un pollo cuesta hoy 130 bolivianos en La Paz. El bono mensual equivale apenas a unos 250 bolivianos, es decir que no llegas a comprarte 2 pollos con el aumento del bono”, explicó.
El análisis abre una preocupación histórica en Bolivia: la posibilidad de un autoacuartelamiento policial.
“El mayor peligro es el autoacuartelamiento de las policías, porque ahí van a llamar a las Fuerzas Armadas como último recurso, y ya sabemos cómo terminan esas intervenciones: en verdaderas tragedias”, sostuvo.
La referencia remite inevitablemente a las crisis bolivianas de las últimas décadas, donde la participación militar en conflictos internos dejó muertos, represión y profundización de la inestabilidad política.
La internacionalización del conflicto
Otro de los elementos novedosos de esta crisis es su creciente dimensión internacional.
El Observatorio de Política Exterior Boliviana emitió un duro pronunciamiento cuestionando la estrategia diplomática del gobierno de Rodrigo Paz. Según OPEXBOL, la Cancillería boliviana impulsó deliberadamente la “internacionalización” del conflicto al buscar respaldos externos frente a las protestas internas.
Como consecuencia, gobiernos de Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador y Chile emitieron pronunciamientos respaldando al gobierno boliviano. También hubo manifestaciones desde Israel y otros actores internacionales.
Para OPEXBOL, esos posicionamientos constituyen “formas de injerencia política en asuntos internos de Bolivia”.
El observatorio considera que el gobierno priorizó construir apoyo externo antes que abrir instancias genuinas de negociación interna.
“La prioridad institucional del Estado boliviano debería centrarse en promover condiciones para la pacificación, el diálogo y la solución democrática de los conflictos”, sostuvo la entidad.
Además, el organismo cuestionó que desde ámbitos oficiales se vincule a organizaciones sociales y ONG con estructuras criminales “sin pruebas fehacientes”.
El choque diplomático con Gustavo Petro
La tensión regional escaló aún más después de que el gobierno boliviano declarara “persona non grata” a la embajadora colombiana Elizabeth García.
La decisión llegó tras declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien pidió diálogo e intermediación para evitar una escalada mayor.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, acusó a Petro de injerencia en asuntos internos y de respaldar movimientos “desestabilizadores”.
La respuesta del mandatario colombiano fue inmediata.
“Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos”, declaró Petro.
El episodio expuso hasta qué punto la crisis boliviana ya dejó de ser únicamente un problema doméstico.
Mientras tanto, el oficialismo parece perder capacidad de articulación política.
Desde Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis Zambrana, sostuvo que el gobierno “ya no tiene credibilidad para llevar adelante diálogo”.
“Es un gobierno flojo, que se dedicó a los cócteles y a la foto durante seis meses”, afirmó.
Incluso sectores opositores moderados que reivindican el orden democrático comienzan a plantear que la conducción de una eventual mesa de negociación debería quedar en manos del Parlamento y no del Ejecutivo.
La propuesta refleja el deterioro de autoridad política que enfrenta Rodrigo Paz.
El riesgo de quedar “sin gobierno”
Detrás de los bloqueos y las protestas subyace una discusión más profunda sobre el rumbo económico y político del país.
La combinación de inflación, desabastecimiento, conflictos sociales, desgaste institucional y pérdida de confianza empieza a configurar un escenario extremadamente inestable.
La lógica de confrontación permanente, utilizada inicialmente por el gobierno para cohesionar a su base, parece haberse vuelto en su contra.
Los sectores populares que antes acompañaban al oficialismo hoy se sienten excluidos de las decisiones. Y la apuesta por resolver la crisis mediante represión selectiva, denuncias contra dirigentes y búsqueda de apoyo internacional no consiguió frenar el deterioro.
En Bolivia comienza a instalarse una pregunta inquietante: cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno que pierde simultáneamente respaldo social, capacidad de negociación y control territorial.
El riesgo, advierten analistas y dirigentes de distintos espacios, es que el país quede atrapado en una tierra de nadie política: sin consensos internos, sin estabilidad económica y con una creciente fractura institucional.