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El Gobierno de Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este 20 de mayo de 2026, acusando al presidente Gustavo Petro de intervenir en asuntos internos del país andino, especialmente relacionados con la situación judicial de Evo Morales. Según la cancillería boliviana, la medida responde a la “injerencia constante” de Petro y a un presunto apoyo a un “movimiento desestabilizador” que afecta la democracia en Bolivia.
La decisión fue formalizada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que enfatizó que la expulsión se realizó “en ejercicio de sus atribuciones soberanas y en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”. La cancillería informó que García debe concluir sus funciones en el país dentro de los plazos establecidos por normas internacionales vigentes y aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia, reiterando la disposición de mantener abiertos los canales de cooperación bilateral.
La tensión se desató tras las declaraciones de Petro, quien calificó las protestas en Bolivia como una “insurrección popular” y vinculó la crisis política a la “soberbia geopolítica”. Morales respaldó públicamente a Petro, mientras el Gobierno boliviano defendió que las diferencias políticas internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional, sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional.
La crisis ocurre en un contexto de creciente conflictividad social en Bolivia, con protestas y bloqueos impulsados por sindicatos, campesinos y sectores vecinales, y ha generado preocupación internacional con pronunciamientos de países latinoamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA).