En la Cámara Baja del Congreso de la Nación ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional de los asentamientos poblacionales pendientes de regularización en todo el territorio argentino, por el término de cuatro años contados desde el momento de la promulgación de la norma que propone el diputado nacional Jorge Rivas, del Frente para la Victoria (FPV), y a la que adhirió su par de bloque, el legislador jujeño Rubén Armando Rivarola.
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En la Cámara Baja del Congreso de la Nación ingresó un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional de los asentamientos poblacionales pendientes de regularización en todo el territorio argentino, por el término de cuatro años contados desde el momento de la promulgación de la norma que propone el diputado nacional Jorge Rivas, del Frente para la Victoria (FPV), y a la que adhirió su par de bloque, el legislador jujeño Rubén Armando Rivarola.
| Jorge Rivas del FPV propone la declaración de emergencia habitacional en todo el territorio nacional y plan de regularización. |
Según su articulado, define como asentamientos poblacionales sujetos a este beneficio a las villas y aquellos poblados pendientes de regularización. En este sentido, contempla como villas a aquellas que se presentan como urbanizaciones informales producto de ocupaciones de tierras urbanas donde las familias se asentaron provisoriamente, y que tienen como características tramas urbanas irregulares, no llegando a ser barrios organizados en manzanas, sino en pasillos, y con viviendas con materiales precarios o de desecho.
Además, el proyecto considera de esa manera a los aglomerados de viviendas precarias que cuentan con una alta densidad poblacional y con un escaso o nulo espacio verde, donde además la infraestructura es precaria y producida por los propios habitantes.
La iniciativa considera asentamientos a aquellos barrios informales cuyos trazados urbanos tienden a ser regulares y planificados colectivamente, pero se encuentran ubicados sobre tierra degradada o fuera de los parámetros urbanísticos normales, y sus ocupantes buscan regularizar su situación para poder comprar la fracción de tierra para que sus viviendas se construyan en el lugar en forma definitiva.
Sobre el particular, Rivarola ponderó la propuesta y explicó que la misma impulsa la creación, en el ámbito del Gobierno nacional, del Programa de Regularización Dominial, con la finalidad de fomentar y promover la regularización de los asentamientos en todo el territorio nacional, y de articular con las jurisdicciones provinciales y municipales la implementación del mismo, mediante la realización previa de acciones de capacitación técnica y la transferencia de recursos, entre otros objetivos.
Asimismo comentó que la autoridad de aplicación tendrá a su cargo la administración del Fondo Nacional de Regularización Dominial, que también intenta crear esta iniciativa. El programa está destinado a regularizar la situación de los inmuebles o fracción de inmuebles de aquellas personas físicas que acrediten la posición pública, pacífica y continua durante tres años con anterioridad al 1 de enero de 2013, y que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, o constituyan una unidad productiva familiar.
Los beneficiarios de este programa gozarán del beneficio de gratuidad en todos los actos y procedimientos que fueran necesarios realizar para la regularización dominial y que sean de jurisdicción nacional. Además, determina que en ningún caso constituirán impedimentos la existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas que recaigan sobre el inmueble.