Uno de los principales recaudadores de la campaña electoral de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaraba ayer ante la justicia, abriendo un nuevo flanco de críticas hacia la mandataria por eventuales ilícitos en recaudación de fondos electorales.
El geógrafo Giorgio Martelli concurrió a declarar como imputado en el marco de la investigación por financiamiento político ilícito por parte de la minera Soquimich (SQM), controlada hasta hace poco por el exyerno del exdictador Augusto Pinochet (1973- 1990). Martelli es investigado por eventuales delitos tributarios asociados a su empresa Asesorías y Negocios (AyN), que la justicia cree fue usada como pantalla para la recolección y distribución de fondos a una veintena de asesores cercanos a Bachelet, entre ellos su exministro del Interior y hombre de confianza, Rodrigo Peñailillo.
Los pagos, de unos 220 millones de pesos (360.000 dólares), se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile, en marzo de 2013. Las fechas son relevantes porque la legislación chilena permite el aporte de empresas a las campañas políticas solo 90 días antes de las elecciones. En este caso, desde agosto de 2013.
"La presidenta Bachelet no hizo ningún tipo de pre campaña electoral", afirmó el portavoz oficial del Gobierno, Marcelo Díaz, quien reconoció, no obstante, que "muchos actores políticos y sociales jugaron roles de articulación" de su posterior campaña electoral.
Aunque los eventuales ilícitos no alcanzarían directamente a Bachelet, el caso ahonda la crisis de desconfianza que azota a la mandataria, cuya popularidad se ubica en un mínimo histórico del 29%, tras el escándalo que involucra a su hijo mayor, investigado por la justicia luego de concretar junto a su esposa un millonario negocio de especulación inmobiliaria. El hecho, además, de que gran parte del dinero provenga de una filial de SQM controlada hasta ese entonces por un exyerno de Pinochet, a quien la actual coalición oficialista combatió, le agrega un cuestionamiento ético.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Uno de los principales recaudadores de la campaña electoral de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, declaraba ayer ante la justicia, abriendo un nuevo flanco de críticas hacia la mandataria por eventuales ilícitos en recaudación de fondos electorales.
El geógrafo Giorgio Martelli concurrió a declarar como imputado en el marco de la investigación por financiamiento político ilícito por parte de la minera Soquimich (SQM), controlada hasta hace poco por el exyerno del exdictador Augusto Pinochet (1973- 1990). Martelli es investigado por eventuales delitos tributarios asociados a su empresa Asesorías y Negocios (AyN), que la justicia cree fue usada como pantalla para la recolección y distribución de fondos a una veintena de asesores cercanos a Bachelet, entre ellos su exministro del Interior y hombre de confianza, Rodrigo Peñailillo.
Los pagos, de unos 220 millones de pesos (360.000 dólares), se habrían realizado antes de que Bachelet oficializara su intención de competir nuevamente por la Presidencia de Chile, en marzo de 2013. Las fechas son relevantes porque la legislación chilena permite el aporte de empresas a las campañas políticas solo 90 días antes de las elecciones. En este caso, desde agosto de 2013.
"La presidenta Bachelet no hizo ningún tipo de pre campaña electoral", afirmó el portavoz oficial del Gobierno, Marcelo Díaz, quien reconoció, no obstante, que "muchos actores políticos y sociales jugaron roles de articulación" de su posterior campaña electoral.
Aunque los eventuales ilícitos no alcanzarían directamente a Bachelet, el caso ahonda la crisis de desconfianza que azota a la mandataria, cuya popularidad se ubica en un mínimo histórico del 29%, tras el escándalo que involucra a su hijo mayor, investigado por la justicia luego de concretar junto a su esposa un millonario negocio de especulación inmobiliaria. El hecho, además, de que gran parte del dinero provenga de una filial de SQM controlada hasta ese entonces por un exyerno de Pinochet, a quien la actual coalición oficialista combatió, le agrega un cuestionamiento ético.