El Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy y vicepresidente primero de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Víctor Galarza, presentó una denuncia ante el secretario fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Pami, Pablo Piqué, a fin de que proceda a investigar, solucionar y determinar las responsabilidades de la obra social y los prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano, hacia los jubilados y pensionados.
Al respecto Galarza explicó que el pasado martes intentaron comunicarse con el coordinador general operativo de la Gerencia de Coordinación de UGL-Pami en casa central, "quien indicó que por instrucciones de la superioridad debíamos dirigirnos al titular de la UGL XXII-Pami Jujuy, Cristian Arnau. Por tal motivo, ese mismo día el secretario general y la secretaria Legal y Técnica de esta Defensoría del Pueblo se presentaron ante la Delegación Jujuy de esa obra social a los fines de exponer la problemática, ocasión en la que Arnau, se negó a recibirlos derivándolos al Área Jurídica de esa Unidad", demostrando se esta manera "el poco interés de la obra social nacional en la búsqueda de encontrar la solución al conflicto planteado por las denuncias existentes entre el Pami-Inssjp, las entidades sanatoriales y los jubilados y pensionados afiliados".
El ombudsman de Jujuy manifestó que con los hechos denunciados más arriba, "queda en evidencia, la falta de colaboración y desinterés por parte de las autoridades locales y nacionales de esa obra social, cuya problemática se remonta a marzo de 2014, oportunidad en la que esta institución actuó y medió para la solución de los conflictos planteados con los prestadores".
Consideró que esta situación conlleva al abandono, incertidumbre y discriminación de 57.495 jubilados y pensionados de la provincia de Jujuy quienes se encuentran afiliados a la obra social denunciada.
Ante los hechos detallados, Víctor Galarza solicitó al fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Pami su intervención para el análisis, investigación, solución y determinación de responsabilidades de la obra social y prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano (Decreto Nº 229/2000), el artículo 75º inciso 22 de la Constitución de la Nación, artículos 1º y 11º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 3º y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 4º y 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 10.1 y 10.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos y artículo 21º de la Constitución de la Provincia.
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El Defensor del Pueblo de la provincia de Jujuy y vicepresidente primero de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, Víctor Galarza, presentó una denuncia ante el secretario fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Pami, Pablo Piqué, a fin de que proceda a investigar, solucionar y determinar las responsabilidades de la obra social y los prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano, hacia los jubilados y pensionados.
Al respecto Galarza explicó que el pasado martes intentaron comunicarse con el coordinador general operativo de la Gerencia de Coordinación de UGL-Pami en casa central, "quien indicó que por instrucciones de la superioridad debíamos dirigirnos al titular de la UGL XXII-Pami Jujuy, Cristian Arnau. Por tal motivo, ese mismo día el secretario general y la secretaria Legal y Técnica de esta Defensoría del Pueblo se presentaron ante la Delegación Jujuy de esa obra social a los fines de exponer la problemática, ocasión en la que Arnau, se negó a recibirlos derivándolos al Área Jurídica de esa Unidad", demostrando se esta manera "el poco interés de la obra social nacional en la búsqueda de encontrar la solución al conflicto planteado por las denuncias existentes entre el Pami-Inssjp, las entidades sanatoriales y los jubilados y pensionados afiliados".
El ombudsman de Jujuy manifestó que con los hechos denunciados más arriba, "queda en evidencia, la falta de colaboración y desinterés por parte de las autoridades locales y nacionales de esa obra social, cuya problemática se remonta a marzo de 2014, oportunidad en la que esta institución actuó y medió para la solución de los conflictos planteados con los prestadores".
Consideró que esta situación conlleva al abandono, incertidumbre y discriminación de 57.495 jubilados y pensionados de la provincia de Jujuy quienes se encuentran afiliados a la obra social denunciada.
Ante los hechos detallados, Víctor Galarza solicitó al fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Pami su intervención para el análisis, investigación, solución y determinación de responsabilidades de la obra social y prestadores, con el propósito de prevenir y garantizar los derechos humanos previstos en la Carta Compromiso con el ciudadano (Decreto Nº 229/2000), el artículo 75º inciso 22 de la Constitución de la Nación, artículos 1º y 11º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 3º y 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 4º y 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 10.1 y 10.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos y artículo 21º de la Constitución de la Provincia.