El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró ayer que la venta de una sola de las acciones de empresas privadas que el Estado posee a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es "un acto de privatización" y recordó que "este Gobierno no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las Afjp".
"Lo que hoy proponemos es que la decisión de desprenderse de una sola acción no esté prohibida, porque hacen a diferentes situaciones, pero que no sea una decisión arbitraria unilateral tomada por una dependencia del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión del Parlamento", subrayó el ministro.
Kicillof, junto con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), fueron los encargados de exponer durante un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés público la protección de las participaciones del Estado en empresas privadas. Dijo que las "tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías" e insistió en que "si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública".
El Directorio estará conformado por un presidente, dos directores designados por el PEN y dos propuestos por la Bicameral.
En referencia a la necesidad de contar con dos terceras partes de los votos positivos de ambas cámaras del Congreso para poder vender acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -tal como establece el proyecto-, Kicillof remarcó que "lo que está haciendo el Ejecutivo es la política de devolver al Parlamento la decisión última de desprenderse de estos paquetes accionarios".
Al respecto, citó un artículo del diario La Nación del año pasado en el que un dirigente de PRO había admitido que si llegaban al Gobierno se iban a vender la totalidad de las acciones del FGS. "Se trata de una extranjerización a través de la privatización de lo que hoy es patrimonio de todos los argentinos", enfatizó el ministro y calificó a la iniciativa del dirigente del PRO como una idea "ruinosa, malísima y vendepatria".
"En 2008 algunos nos decían que vendiéramos las acciones. Si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos perdido de un crecimiento del 736 por ciento. Fue muy buena inversión para el FGS retener esas acciones", afirmó el funcionario.
El proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, para Kicillof "encierra una discusión muy importante sobre la relación de lo público con lo privado y del Estado con el mercado". "Da una respuesta a la pregunta de qué relación debe tener el Estado Nacional con las compañías privadas cuando el estado es tenedor de acciones de esas compañías privadas", indicó. Finalmente, Kicillof aclaró que los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán yendo a parar al Fondo del Menor y la Familia.
De acuerdo con el proyecto ingresado al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró ayer que la venta de una sola de las acciones de empresas privadas que el Estado posee a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es "un acto de privatización" y recordó que "este Gobierno no vendió ni una sola acción desde que llegaron de las Afjp".
"Lo que hoy proponemos es que la decisión de desprenderse de una sola acción no esté prohibida, porque hacen a diferentes situaciones, pero que no sea una decisión arbitraria unilateral tomada por una dependencia del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión del Parlamento", subrayó el ministro.
Kicillof, junto con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), fueron los encargados de exponer durante un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés público la protección de las participaciones del Estado en empresas privadas. Dijo que las "tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías" e insistió en que "si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública".
El Directorio estará conformado por un presidente, dos directores designados por el PEN y dos propuestos por la Bicameral.
En referencia a la necesidad de contar con dos terceras partes de los votos positivos de ambas cámaras del Congreso para poder vender acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -tal como establece el proyecto-, Kicillof remarcó que "lo que está haciendo el Ejecutivo es la política de devolver al Parlamento la decisión última de desprenderse de estos paquetes accionarios".
Al respecto, citó un artículo del diario La Nación del año pasado en el que un dirigente de PRO había admitido que si llegaban al Gobierno se iban a vender la totalidad de las acciones del FGS. "Se trata de una extranjerización a través de la privatización de lo que hoy es patrimonio de todos los argentinos", enfatizó el ministro y calificó a la iniciativa del dirigente del PRO como una idea "ruinosa, malísima y vendepatria".
"En 2008 algunos nos decían que vendiéramos las acciones. Si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos perdido de un crecimiento del 736 por ciento. Fue muy buena inversión para el FGS retener esas acciones", afirmó el funcionario.
El proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, para Kicillof "encierra una discusión muy importante sobre la relación de lo público con lo privado y del Estado con el mercado". "Da una respuesta a la pregunta de qué relación debe tener el Estado Nacional con las compañías privadas cuando el estado es tenedor de acciones de esas compañías privadas", indicó. Finalmente, Kicillof aclaró que los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán yendo a parar al Fondo del Menor y la Familia.
De acuerdo con el proyecto ingresado al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo.