La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por la oposición, abrió ayer un proceso para determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis política y económica del país, y lo citó para que ejerza su defensa frente a los cargos en una sesión que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.
El endurecimiento de los legisladores frente al gobierno de Maduro se produjo un día después de que, con la mediación del papa Francisco y el impulso de la Unasur, se anunciara el inicio de un "diálogo nacional" entre el oficialismo y la oposición y casi en simultáneo con el regreso del jefe de Estado al país, después de una gira por Medio Oriente y una visita a El Vaticano.
La Asamblea aprobó el inicio de un proceso para la evaluación y determinación de la responsabilidad política de Maduro en la crisis del país y convocó al mandatario para que exponga el 1 de noviembre sobre las "graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia" que se le achacan, así como la influencia de sus políticas en la "devastación de la economía" venezolana.
"Es un proceso que se inicia este martes con la intervención de diputados oficialistas y opositores. Seguimos exactamente en la hoja de ruta" que plantea determinar responsabilidades de otros poderes públicos por violar la Constitución, señaló el jefe del grupo de diputados opositores, Julio Borges.
La propuesta fue presentada por este, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo pasado en el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un "golpe de Estado" en el país petrolero.
Poco antes de la votación, en medio de una acalorada sesión, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había calificado la iniciativa como "un absurdo" y recordó que el Parlamento fue declarado en "desacato" por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.
"Esto es una ópera bufa, no es más que un mecanismo de desestabilización para generar caos y crispación", aseguró el diputado oficialista Pedro Carreño, durante el debate parlamentario.
Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región.
En cambio, disponen que el mandato del jefe del estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo.
El oficialismo, que se opuso a la apertura del proceso, desestimó las decisiones del Poder Legislativo, debido a que su actuación no generará consecuencias directas, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
Desde el chavismo, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, denunció que la oposición "pretende dar un golpe de estado contra Nicolás Maduro con herramientas similares a las utilizadas en Brasil para destituir a Dilma Rousseff".
El endurecimiento de los legisladores frente al gobierno de Maduro se produjo un día después de que, con la mediación del papa Francisco y el impulso de la Unasur, se anunciara el inicio de un "diálogo nacional" entre el oficialismo y la oposición y casi en simultáneo con el regreso del jefe de Estado al país, después de una gira por Medio Oriente y una visita a El Vaticano.
La Asamblea aprobó el inicio de un proceso para la evaluación y determinación de la responsabilidad política de Maduro en la crisis del país y convocó al mandatario para que exponga el 1 de noviembre sobre las "graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia" que se le achacan, así como la influencia de sus políticas en la "devastación de la economía" venezolana.
"Es un proceso que se inicia este martes con la intervención de diputados oficialistas y opositores. Seguimos exactamente en la hoja de ruta" que plantea determinar responsabilidades de otros poderes públicos por violar la Constitución, señaló el jefe del grupo de diputados opositores, Julio Borges.
La propuesta fue presentada por este, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo pasado en el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un "golpe de Estado" en el país petrolero.
Poco antes de la votación, en medio de una acalorada sesión, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había calificado la iniciativa como "un absurdo" y recordó que el Parlamento fue declarado en "desacato" por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.
"Esto es una ópera bufa, no es más que un mecanismo de desestabilización para generar caos y crispación", aseguró el diputado oficialista Pedro Carreño, durante el debate parlamentario.
Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región.
En cambio, disponen que el mandato del jefe del estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo.
El oficialismo, que se opuso a la apertura del proceso, desestimó las decisiones del Poder Legislativo, debido a que su actuación no generará consecuencias directas, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
Desde el chavismo, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, denunció que la oposición "pretende dar un golpe de estado contra Nicolás Maduro con herramientas similares a las utilizadas en Brasil para destituir a Dilma Rousseff".
El presidente respondió con una convocatoria
El presidente Nicolás Maduro, convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar "el golpe parlamentario" de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra, a la vez que se dijo abierto al diálogo con sus adversarios.
"En uso de mis atribuciones, he convocado mañana (por hoy) a las 11 de la mañana al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional", declaró Maduro ayer, en un acto con sus partidarios a su regreso a Venezuela tras una gira internacional de cinco días.
"Y también he convocado sin falta, no me puede faltar, al diputado Henry Ramos Allup (presidente del parlamento). Aquí lo voy a esperar y le voy a decir: vamos a hablar, vamos a dialogar, basta ya de tanta mentira, tanto engaño, tanta aventura", enfatizó el mandatario.
"Le voy a dar la última oportunidad a Ramos Allup para que entre por el aro constitucional (se someta a la Constitución)", dijo Maduro.
Estas decisiones del parlamento ocurren un día después de que los principales dirigentes de la oposición desmintieran el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la oposición con facilitación del Vaticano, el próximo domingo en Isla Margarita (norte).
Al referirse a ese impasse, Maduro exclamó: "¿Cuál es la alternativa al diálogo, la guerra? ¿Cuál es la alternativa a la convivencia? ¿El odio y la intolerancia?. Para nosotros el diálogo no tiene alternativa".
Aunque hubo algunos acercamientos, hasta ahora no ha habido resultados concretos.
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La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dominada por la oposición, abrió ayer un proceso para determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro en la crisis política y económica del país, y lo citó para que ejerza su defensa frente a los cargos en una sesión que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre.
El endurecimiento de los legisladores frente al gobierno de Maduro se produjo un día después de que, con la mediación del papa Francisco y el impulso de la Unasur, se anunciara el inicio de un "diálogo nacional" entre el oficialismo y la oposición y casi en simultáneo con el regreso del jefe de Estado al país, después de una gira por Medio Oriente y una visita a El Vaticano.
La Asamblea aprobó el inicio de un proceso para la evaluación y determinación de la responsabilidad política de Maduro en la crisis del país y convocó al mandatario para que exponga el 1 de noviembre sobre las "graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia" que se le achacan, así como la influencia de sus políticas en la "devastación de la economía" venezolana.
"Es un proceso que se inicia este martes con la intervención de diputados oficialistas y opositores. Seguimos exactamente en la hoja de ruta" que plantea determinar responsabilidades de otros poderes públicos por violar la Constitución, señaló el jefe del grupo de diputados opositores, Julio Borges.
La propuesta fue presentada por este, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo pasado en el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un "golpe de Estado" en el país petrolero.
Poco antes de la votación, en medio de una acalorada sesión, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había calificado la iniciativa como "un absurdo" y recordó que el Parlamento fue declarado en "desacato" por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.
"Esto es una ópera bufa, no es más que un mecanismo de desestabilización para generar caos y crispación", aseguró el diputado oficialista Pedro Carreño, durante el debate parlamentario.
Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región.
En cambio, disponen que el mandato del jefe del estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo.
El oficialismo, que se opuso a la apertura del proceso, desestimó las decisiones del Poder Legislativo, debido a que su actuación no generará consecuencias directas, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
Desde el chavismo, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, denunció que la oposición "pretende dar un golpe de estado contra Nicolás Maduro con herramientas similares a las utilizadas en Brasil para destituir a Dilma Rousseff".
El endurecimiento de los legisladores frente al gobierno de Maduro se produjo un día después de que, con la mediación del papa Francisco y el impulso de la Unasur, se anunciara el inicio de un "diálogo nacional" entre el oficialismo y la oposición y casi en simultáneo con el regreso del jefe de Estado al país, después de una gira por Medio Oriente y una visita a El Vaticano.
La Asamblea aprobó el inicio de un proceso para la evaluación y determinación de la responsabilidad política de Maduro en la crisis del país y convocó al mandatario para que exponga el 1 de noviembre sobre las "graves violaciones a la Constitución, los derechos humanos y la democracia" que se le achacan, así como la influencia de sus políticas en la "devastación de la economía" venezolana.
"Es un proceso que se inicia este martes con la intervención de diputados oficialistas y opositores. Seguimos exactamente en la hoja de ruta" que plantea determinar responsabilidades de otros poderes públicos por violar la Constitución, señaló el jefe del grupo de diputados opositores, Julio Borges.
La propuesta fue presentada por este, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo pasado en el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un "golpe de Estado" en el país petrolero.
Poco antes de la votación, en medio de una acalorada sesión, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había calificado la iniciativa como "un absurdo" y recordó que el Parlamento fue declarado en "desacato" por la justicia y sus decisiones consideradas nulas.
"Esto es una ópera bufa, no es más que un mecanismo de desestabilización para generar caos y crispación", aseguró el diputado oficialista Pedro Carreño, durante el debate parlamentario.
Las leyes venezolanas no prevén la posibilidad de destitución del presidente del país a partir de un juicio político parlamentario como existe en otros países de la región.
En cambio, disponen que el mandato del jefe del estado puede ser revocado a través de un referendo como el que la oposición exigió durante meses y que acaba de ser bloqueado por las autoridades electorales, dependientes del chavismo.
El oficialismo, que se opuso a la apertura del proceso, desestimó las decisiones del Poder Legislativo, debido a que su actuación no generará consecuencias directas, ya que sus actos son nulos desde que fue declarada en desacato por el Supremo venezolano.
Desde el chavismo, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, denunció que la oposición "pretende dar un golpe de estado contra Nicolás Maduro con herramientas similares a las utilizadas en Brasil para destituir a Dilma Rousseff".
El presidente respondió con una convocatoria
El presidente Nicolás Maduro, convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar "el golpe parlamentario" de la oposición, que aprobó un juicio político en su contra, a la vez que se dijo abierto al diálogo con sus adversarios.
"En uso de mis atribuciones, he convocado mañana (por hoy) a las 11 de la mañana al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional", declaró Maduro ayer, en un acto con sus partidarios a su regreso a Venezuela tras una gira internacional de cinco días.
"Y también he convocado sin falta, no me puede faltar, al diputado Henry Ramos Allup (presidente del parlamento). Aquí lo voy a esperar y le voy a decir: vamos a hablar, vamos a dialogar, basta ya de tanta mentira, tanto engaño, tanta aventura", enfatizó el mandatario.
"Le voy a dar la última oportunidad a Ramos Allup para que entre por el aro constitucional (se someta a la Constitución)", dijo Maduro.
Estas decisiones del parlamento ocurren un día después de que los principales dirigentes de la oposición desmintieran el inicio de un diálogo entre el Gobierno y la oposición con facilitación del Vaticano, el próximo domingo en Isla Margarita (norte).
Al referirse a ese impasse, Maduro exclamó: "¿Cuál es la alternativa al diálogo, la guerra? ¿Cuál es la alternativa a la convivencia? ¿El odio y la intolerancia?. Para nosotros el diálogo no tiene alternativa".
Aunque hubo algunos acercamientos, hasta ahora no ha habido resultados concretos.