La expresidente Cristina Kirchner quedó ayer al borde del juicio oral y público por presunta administración infiel con perjuicio al Estado por los contratos de venta de dólar futuro, luego de que la Cámara Federal confirmara su procesamiento.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a quienes Cristina Kirchner había recusado sin éxito por presunta falta de imparcialidad: los jueces también ratificaron el embargo de 15 millones de pesos que pesa sobre la exmandataria, y el procesamiento sobre el exministro de Economía Axel Kicillof.
"Los volúmenes negociados a diario entre septiembre y octubre de 2015 y su nivel de agresión en lo que respecta al porcentaje de participación en el mercado de futuros trascendía del ámbito del Banco Central, pues fue necesario que organismos actuantes bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional -como la Comisión Nacional de Valores, también dependiente del Ministerio de Economía- dictara normas para permitir que las operaciones alcanzaran el objetivo propuesto", señaló respecto a la responsabilidad de la expresidente.
En su voto, el camarista Irurzun explicó que más allá de que la política monetaria no es judicializable sí debe investigarse si "una decisión de la autoridad pudo haber sido el resultado de un proceder tipificado por las normas penales que atienden a los casos en que la actividad reprochada gira en derredor de la función pública".
"La imputación no versa sobre criterios, ideas o políticas de naturaleza económica, monetaria o cambiaria, sino sobre el eventual exceso, abuso o extralimitación en el ejercicio de uncargo público", agregó.
El Tribunal evaluó que el mismo día en que el Banco Central vendía contratos a un determinado precio, los adquirentes colocaban futuros de la misma especie a precios superiores: el 23 de octubre de 2015 el Bcra vendió a un precio de 10,8165 pesos cuando el ICBC vendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.
El camarista Eduardo Farah fue uno de los más críticos en el fallo: sostuvo que "es seguro que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra, entonces, por pura lógica, resulta razonable concluir que aquella respondió a una indicación previa de su parte".
En ese sentido, evaluó que la maniobra fue dispuesta desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y "dirigida a contener el alza de la divisa norteamericana".
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a quienes Cristina Kirchner había recusado sin éxito por presunta falta de imparcialidad: los jueces también ratificaron el embargo de 15 millones de pesos que pesa sobre la exmandataria, y el procesamiento sobre el exministro de Economía Axel Kicillof.
"Los volúmenes negociados a diario entre septiembre y octubre de 2015 y su nivel de agresión en lo que respecta al porcentaje de participación en el mercado de futuros trascendía del ámbito del Banco Central, pues fue necesario que organismos actuantes bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional -como la Comisión Nacional de Valores, también dependiente del Ministerio de Economía- dictara normas para permitir que las operaciones alcanzaran el objetivo propuesto", señaló respecto a la responsabilidad de la expresidente.
En su voto, el camarista Irurzun explicó que más allá de que la política monetaria no es judicializable sí debe investigarse si "una decisión de la autoridad pudo haber sido el resultado de un proceder tipificado por las normas penales que atienden a los casos en que la actividad reprochada gira en derredor de la función pública".
"La imputación no versa sobre criterios, ideas o políticas de naturaleza económica, monetaria o cambiaria, sino sobre el eventual exceso, abuso o extralimitación en el ejercicio de uncargo público", agregó.
El Tribunal evaluó que el mismo día en que el Banco Central vendía contratos a un determinado precio, los adquirentes colocaban futuros de la misma especie a precios superiores: el 23 de octubre de 2015 el Bcra vendió a un precio de 10,8165 pesos cuando el ICBC vendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.
El camarista Eduardo Farah fue uno de los más críticos en el fallo: sostuvo que "es seguro que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra, entonces, por pura lógica, resulta razonable concluir que aquella respondió a una indicación previa de su parte".
En ese sentido, evaluó que la maniobra fue dispuesta desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y "dirigida a contener el alza de la divisa norteamericana".
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La expresidente Cristina Kirchner quedó ayer al borde del juicio oral y público por presunta administración infiel con perjuicio al Estado por los contratos de venta de dólar futuro, luego de que la Cámara Federal confirmara su procesamiento.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a quienes Cristina Kirchner había recusado sin éxito por presunta falta de imparcialidad: los jueces también ratificaron el embargo de 15 millones de pesos que pesa sobre la exmandataria, y el procesamiento sobre el exministro de Economía Axel Kicillof.
"Los volúmenes negociados a diario entre septiembre y octubre de 2015 y su nivel de agresión en lo que respecta al porcentaje de participación en el mercado de futuros trascendía del ámbito del Banco Central, pues fue necesario que organismos actuantes bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional -como la Comisión Nacional de Valores, también dependiente del Ministerio de Economía- dictara normas para permitir que las operaciones alcanzaran el objetivo propuesto", señaló respecto a la responsabilidad de la expresidente.
En su voto, el camarista Irurzun explicó que más allá de que la política monetaria no es judicializable sí debe investigarse si "una decisión de la autoridad pudo haber sido el resultado de un proceder tipificado por las normas penales que atienden a los casos en que la actividad reprochada gira en derredor de la función pública".
"La imputación no versa sobre criterios, ideas o políticas de naturaleza económica, monetaria o cambiaria, sino sobre el eventual exceso, abuso o extralimitación en el ejercicio de uncargo público", agregó.
El Tribunal evaluó que el mismo día en que el Banco Central vendía contratos a un determinado precio, los adquirentes colocaban futuros de la misma especie a precios superiores: el 23 de octubre de 2015 el Bcra vendió a un precio de 10,8165 pesos cuando el ICBC vendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.
El camarista Eduardo Farah fue uno de los más críticos en el fallo: sostuvo que "es seguro que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra, entonces, por pura lógica, resulta razonable concluir que aquella respondió a una indicación previa de su parte".
En ese sentido, evaluó que la maniobra fue dispuesta desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y "dirigida a contener el alza de la divisa norteamericana".
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a quienes Cristina Kirchner había recusado sin éxito por presunta falta de imparcialidad: los jueces también ratificaron el embargo de 15 millones de pesos que pesa sobre la exmandataria, y el procesamiento sobre el exministro de Economía Axel Kicillof.
"Los volúmenes negociados a diario entre septiembre y octubre de 2015 y su nivel de agresión en lo que respecta al porcentaje de participación en el mercado de futuros trascendía del ámbito del Banco Central, pues fue necesario que organismos actuantes bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional -como la Comisión Nacional de Valores, también dependiente del Ministerio de Economía- dictara normas para permitir que las operaciones alcanzaran el objetivo propuesto", señaló respecto a la responsabilidad de la expresidente.
En su voto, el camarista Irurzun explicó que más allá de que la política monetaria no es judicializable sí debe investigarse si "una decisión de la autoridad pudo haber sido el resultado de un proceder tipificado por las normas penales que atienden a los casos en que la actividad reprochada gira en derredor de la función pública".
"La imputación no versa sobre criterios, ideas o políticas de naturaleza económica, monetaria o cambiaria, sino sobre el eventual exceso, abuso o extralimitación en el ejercicio de uncargo público", agregó.
El Tribunal evaluó que el mismo día en que el Banco Central vendía contratos a un determinado precio, los adquirentes colocaban futuros de la misma especie a precios superiores: el 23 de octubre de 2015 el Bcra vendió a un precio de 10,8165 pesos cuando el ICBC vendió contratos con idénticos vencimientos a 12,225 pesos.
El camarista Eduardo Farah fue uno de los más críticos en el fallo: sostuvo que "es seguro que Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof conocieron, con relación de inmediatez, la puesta en marcha y las consecuencias que tendría la maniobra, entonces, por pura lógica, resulta razonable concluir que aquella respondió a una indicación previa de su parte".
En ese sentido, evaluó que la maniobra fue dispuesta desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y "dirigida a contener el alza de la divisa norteamericana".